Si llegamos al consenso de que nuestro modelo de crecimiento económico –basado en ventajas comparativas estáticas: explotación de mano de obra poco calificada y de recursos naturales– no es ni fructífero ni sostenible; también deberíamos de estar de acuerdo en la falta de legitimidad gubernamental como vacío que impide nuestro desarrollo. Las implicaciones del hecho de que los políticos no representen a las mayorías que los llevan al poder son profundas, pero acá sólo se reflexionan algunos casos particulares que dan a luz la necesidad de mayor legitimidad gubernamental.

Así, necesitamos legitimidad gubernamental por ejemplo, para que en las reformas tributarias el gobierno reduzca la tasa impositiva efectiva de la renta salarial (que sigue siendo superior a la tasa efectiva de la renta a las actividades económicas), con los fines de aliviar el ingreso de los asalariados y de dinamizar[1] un poco nuestra demanda interna en un contexto de desaceleración económica mundial. También necesitamos legitimidad gubernamental para establecer políticas públicas de trasferencias tecnológicas con el fin de mejorar los rendimientos agrícolas y así hacer posible en Nicaragua el sueño latinoamericano de la agro-industrialización. Necesitamos legitimidad gubernamental para reducir el establecimiento de carteles y monopolios y limitar las exoneraciones fiscales, con el fin de mejorar el bienestar del consumidor y para que el gobierno aumente el gasto en reducción de pobreza. Etc.

¿Ha estado presente este concepto vago de legitimidad gubernamental bajo el marco de la implementación de los dos decálogos del Consenso de Washington, a partir de la década de 1990? No ha estado presente, y en ese sentido se necesitan construir mejores modelos institucionales que impulsen una inserción exitosa de la economía y sociedad nicaragüense en el capitalismo global; que tengan como andamiaje la legitimidad gubernamental, y como punta de lanza, nuevas políticas industriales público-privadas.

La evidencia empírica muestra que las reformas estructurales del Consenso de Washington no se han traducido en un mejor desempeño económico en la mayoría de países latinoamericanos. La economía nicaragüense no es la excepción, ya que observó un anémico crecimiento promedio anual del PIB real del orden de 3.8% en el período 1994-2011.

La evidencia muestra también, que los países del este asiático que no adoptaron a cabalidad las “buenas prácticas” del Consenso de Washington presentaron mejores tasas de crecimiento económico que las economías latinoamericanas (Lora, 2001). En esa misma dirección, (Stiglitz, 2002) opina que la réplica de las mismas recetas globalizadoras en economías disímiles han sido responsables por la falta de este ansiado crecimiento económico.

En este sentido, cuando se estudian las recetas del crecimiento económico asiático, se observa que los arreglos institucionales que promovieron estos países fueron poco ortodoxos, pero tuvieron como objetivo el promover principios económicos básicos: protección de los derechos de propiedad, respeto del contrato, correcto manejo de la política monetaria y sostenibilidad de la deuda pública (Rodrik, 2007). Nosotros debemos de promover nuevos arreglos institucionales para alcanzar el desarrollo, y como los políticos son quienes finalmente toman las decisiones, la prioridad debe ser ir en búsqueda de legitimidad gubernamental.