En la actualidad la Banca nicaragüense representa un mercado oligopólico constituido por 7 bancos privados regulados por la Superintendencia de Bancos y de otras instituciones Financieras (SIBOIF): BANPRO, BANCENTRO, BAC, BDF, CITIBANK, PROCREDIT,  y BANEX. Estos bancos generan 7,685 puestos de trabajos directos en 328 sucursales,  con 152 en Managua y 176 en los departamentos. La distribución regional del crédito muestra que a marzo 2010 el 72% ha sido otorgado en Managua; 6.4% en la Región Occidental; el 7.5% en la Región Norte; el 6.1% en la Región Sur; el 3.0% en Las Segovias; el 2.5% en la Región Central;  el 2.1% en el Atlántico; y el 0.6% en Río San Juan.

Nicaragua tiene 17 bancos menos que el promedio centroamericano de 24 bancos por país. Además, a marzo de 2010, la banca nicaragüense posee el menor monto de activos de la región, con apenas US$3,983 millones. La débil magnitud de los intermediarios financieros de Nicaragua refleja la pobre capacidad productiva de su economía, la cual representa solamente el 5% de la producción centroamericana.

Existe un consenso generalizado sobre la importancia del crédito para financiar actividades productivas que promuevan el desarrollo económico. Es decir, la intermediación financiera traslada los recursos financieros ociosos (depósitos) hacia actividades que necesiten de estos recursos para empezar sus operaciones (crédito) y así generar crecimiento económico y empleos. En Nicaragua, el sistema bancario no apuesta por el desarrollo productivo debido a que destina la mayor proporción de los recursos financieros hacia actividades de más corto plazo como el comercio y el consumo personal.

La concentración de la cartera de crédito demuestra la falta de compromiso de las instituciones financieras reguladas con el desarrollo del país. Esta falta de compromiso tiene también estrecha relación con la disponibilidad de recursos del sector público para financiar el déficit del gobierno central, especialmente en referencia a la emisión de títulos valores del sector público. Esta demanda de recursos financieros por parte del Gobierno Central se ilustra en la siguiente gráfica que muestra la baja del rendimiento de las letras estandarizadas del Banco Central de Nicaragua en agosto 2009, cuando el FMI entregó US$164.4 millones por orden del G-20. Consecuentemente, esta competencia por recursos financieros eleva las tasas de interés de los préstamos al sector privado cuando el gobierno central necesita financiar su déficit (siempre!), y reduce la disponibilidad y acceso de estos recursos para ser destinados a actividades productivas. Además, a marzo 2010 el 76.7% de las inversiones de los 7 bancos privados descansaban en títulos valores del tesoro público.

Finalmente, es muy importante reducir el vínculo financiero de la SIBOIF con los bancos privados. En los informe que la SIBOIF publica en su página web, www.siboif.gob.ni, los estados financiero no están auditados, y son elaborados por las instituciones financieras y entregados a la SIBOIF. La Ley de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, Ley No.316, indica que la SIBOIF “ejercerá en forma consolidada  la supervisión,  vigilancia, y fiscalización de los grupos financieros”. Sin embargo, existe lugar para la duda acerca de la correcta aplicación de la Ley cuando la SIBOIF financia sus operaciones con fondos provenientes de los intermediarios financieros, y cuando presenta al público reportes financieros que le son entregados por dichos intermediarios. Ante la falta de competencia, el mercado de intermediación financiera necesita ser regulado para que su actividad favorezca y se encause en el compromiso del desarrollo productivo del país.

El presente escrito es una síntesis comentada del artículo, The unthinkable in pursuit of the eatable, cuyo autor es el economista Británico Raj Patel. Este artículo se encuentra en la Biblioteca Virtual de este blog. Raj Patel es un economista, escritor y activista graduado de Oxford, London School of Economics y Cornell University. Él ha trabajado en el Banco Mundial y en la Organización Mundial del Comercio (OMC), y ha protestado en contra de estas organizaciones  alrededor del mundo. El principal tema abordado en la mayoría de sus escritos es el problema mundial del hambre.

En Lo Impensable en la Búsqueda de lo Comestible, Raj Patel argumenta que en demanda de la creación de empleos rurales bien pagados, los movimientos alrededor del mundo están presentando nuevas políticas desafiantes, las cuales son prevenidas por la actual constitución internacional del poder. Él advierte que a menos que este “orden constitucional” cambie, muchos perderemos no sólo nuestras formas de pensar, sino nuestras formas de comer, y algunos perderemos nuestras propias vidas.

El artículo empieza alarmando sobre el rápido y sostenido ascenso del precio mundial de los alimentos durante los últimos 5 años, y argumenta que la hegemonía del liberalismo neoclásico (neoliberalismo) revive ciertas explicaciones y suaviza otras, en un intento de hacer creíbles a unas soluciones y no creíbles a aquellas que no son de su interés. En general, el autor afirma que el dolor producido por el alza de los precios de los alimentos ha sido elaborado por décadas, de una forma deliberada, cruel y no natural. Patel basa su argumento en cinco temas centrales en el debate de las razones y las soluciones del alza de los alimentos; bio-combustibles, combustibles fósiles, el consumo de carne animal, el cambio climático, y la especulación.

Bio-combustibles

Según un reporte del Banco Mundial (Mitchell, 2008), los combustibles agrícolas son responsables de hasta el 75% del incremento mundial del precio de los alimentos, mientras otros reportes más conservadores estiman este dato en 30% (Rosegrant, 2008). Patel arroja estos recientes estudios para demostrar que la pasada euforia por los bio-combustibles como solución al calentamiento global y como medida para depender menos del petróleo estaba mal fundada. Los bio-combustibles no reducen la emisión de CO₂ debido a que producen una deuda de carbono (Fargione et al.,2008), y tampoco representan una forma sostenible –a pesar de que son renovables– de energía porque se requiere de más energía para producirlos de la energía que liberan (Holt-Giménez y Kenfield, 2008). Sin embargo, el principal problema de los bio-combustibles está reflejado en la sustitución de productos que hacen los agricultores al recibir mayores subsidios para producirlos. Es decir, además de que se destina la producción de maíz para consumo de máquinas en vez de consumo humano, los subsidios hacen más rentable la producción de maíz que la producción de otros granos básicos destinados para la alimentación. Patel pone de ejemplo las huelgas de la tortilla en México durante febrero de 2007.

Combustibles Fósiles

Una de las razones más usadas por la hegemonía neoliberal para explicar el incremento de los precios de los alimentos es el incremento del precio del petróleo. Así, se dice que si el precio de los combustibles fósiles incrementa, el incremento derivado del precio del transporte elevará el precio de los alimentos. Sin embargo, Patel aclara que a través de un estudio (Miranowski, 2004) se ha comprobado que en Estados Unidos los costos de transporte representan menos de un tercio de los costos de producción en la agricultura industrial. Así, el autor explica que la principal ruta a través de la cual se transfiere el precio del petróleo en el precio de los alimentos está representada por la aplicación de químicos inorgánicos en la agricultura. En este sentido, Patel afirma que el origen de esta intensidad en el uso de químicos inorgánicos en la agricultura es herencia de la “Revolución Verde”, la cual fue una campaña político-ideológica para incrementar la producción y prevenir insurrecciones comunistas en los países en desarrollo del “Sur Global”. Es decir, la hegemonía prefirió introducir una tecnología tan dañina como es el uso de químicos inorgánicos, obviando la necesidad de cambios sociales que producirían incrementos similares en la producción (como reformas agrarias). Consecuentemente, la “alquimia” de la Revolución Verde yace en transformar los resultados agrícolas y mantener al mismo tiempo intactas la distribución de la tierra y las relaciones sociales semi-feudales en los países subdesarrollados.

La Ingesta de Carne

La tercera explicación del incremento del precio de los alimentos está relacionada con el consumo de carne animal. Patel empieza esta sección con una declaración del ex Presidente George Bush hijo, en la cual este último afirma que el incremento de los precios de los alimentos se debe a la mayor demanda de “mejor nutrición” y “mejor comida” por parte de las clases medias de China e India. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que China ha sido exportador neto de carne desde 2001, y en la India el consumo de carne bovina no ha incrementado en los últimos años. Además, según Patel las afirmaciones de Bush conllevan a un análisis más relevante; porque según el estudio de (Monbiot, 2008) la mayor demanda de carne hace que 760 millones de toneladas de cereales –suficiente para cubrir 14 veces la escasez de alimento mundial– sean utilizadas para alimentar animales en vez de gente. Este asunto está a la vez relacionado con la “transición nutricional”, la cual denota el cambio que hacen los ciudadanos de los países en desarrollo de una dieta rica en frutas y vegetales producidos localmente hacia una dieta de comida procesada y carne. Según el autor, esta transición es impulsada por el crecimiento económico, y “así como esperan [los ciudadanos clase media de los países subdesarrollados] manejar autos en la forma en que los europeos y los norteamericanos, también esperan tener una dieta similar a estos”. Más aún, lo anterior preocupa no sólo porque esta transición eleva el precio de los granos básicos que consume la población pobre del mundo, sino porque la hegemonía cultural de los países del norte está deteriorando nuestra dieta debido a que promueve el consumo de alimentos nocivos para la salud, ricos en sales, grasas y azúcares. Así, es fácil demostrar que esta transición es una construcción social y política que aleja cada vez más a los ciudadanos de los países más pobres de la seguridad y soberanía alimentaria.

Cambio Climático

La cuarta razón dada para los altos precios de los alimentos es la menor producción derivada de factores negativos relacionados al cambio climático. En este sentido, Patel critica el hecho de que algunos influyentes pensadores de la ortodoxia actual describan este fenómeno como un acto de Dios, tratando de ocultar que la forma de vida del hombre contemporáneo es la responsable de estos cambios adversos. Patel también afirma que para reducir los mayores efectos negativos del cambio climático es necesario cambiar las formas en las cuales la comida es producida y consumida. Es decir, alejarse de la dependencia agrícola de los químicos inorgánicos y reducir el uso de ganado, debido a que la agricultura y la ganadería son responsables por mayor emisión de CO₂ que el transporte. Así, la solución parte de una nueva agricultura orgánica alejada del monocultivo, y de una transición nutricional más amigable con el medio ambiente.

Especulación

Debido a la ponderación de los factores anteriores, existe mucho lugar para la especulación del precio futuro de los alimentos, y personas que se lucran de esta especulación; porque en condiciones de riesgo el mercado está preparado para pagar por certeza. Así, en estas condiciones hay dinero tanto para asegurarse en caso de desastre como para especular sobre el desastre. Por consiguiente, debido a la incertidumbre generada en los mercados de alimentos, los ricos elevan el precio futuro de los alimentos por encima del poder adquisitivo de los pobres. Para Patel, la especulación yace en el límite legal de prácticas habituales de grandes corporaciones en temporadas inflacionarias, cuando estas tienen los medios, la oportunidad y el motivo para elevar los precios más allá de la inflación, con el fin de elevar las ganancias. Al respecto, la solución que promulga Patel es la aplicación de las leyes existentes para regular dichas especulaciones, o sea, la voluntad política para regular la grosera especulación en los precios de los alimentos.

Finalmente, Patel hace una reflexión de género al enfatizar que las mujeres son las más afectadas por estos incrementos en el precio de los alimentos a nivel mundial. El autor hace un llamado al cambio del orden preestablecido por la constitución mundial del poder (la hegemonía). Estoy de acuerdo con los argumentos de Raj Patel en relación a la necesidad de grandes cambios con el propósito de satisfacer las demandas de miles de millones de hambrientos. Cabe recordar un reciente informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), donde se advierte que en América Latina el problema del hambre que afecta a 53 millones de personas no se debe a la escasez de alimentos, sino a la falta de acceso a ellos en amplios sectores de la población, ya que “en conjunto la región produce más alimentos de los que necesita”.

¿Ineficiencia Institucional = Atraso Económico?

¿Puede representar la existencia de instituciones públicas y privadas corruptas un atraso para nuestro crecimiento? La respuesta puede parecer obvia, pero en la realidad es poco el peso que se le da a las instituciones ineficientes como factor de atraso económico y de impedimento para nuestro desarrollo. La corrupción muchas veces parece ser un fenómeno inherente a nuestra cultura; pero en general, los actos de corrupción que afectan a la mayoría de nuestra población son realizados por una cúpula de poder minoritaria. El uso corrupto del poder político en Nicaragua es un fenómeno de pobre institucionalidad que distorsiona la asignación eficiente de los bienes estatales, reduce el buen funcionamiento de la economía y perpetúa la existencia de instituciones ineficientes. Existen muchos casos de corrupción y clientelismo político conocidos por la población a través de los medios de comunicación. Estos van desde las piñatas ilegales en el periodo sandinista y las compras ilegales de grandes mansiones por parte de los funcionarios del gobierno de Arnoldo Alemán; hasta la quiebra de importantes bancos estatales, la emisión ilegitima de Bonos Bancarios y la pobre rendición de cuentas de los petrodólares de Venezuela.
El intercambio económico solamente es posible mediante la intervención estatal; ya sea esta intervención leve o fuerte, es siempre necesaria. Por eso es correcto afirmar que “el estado es el único agente capaz de cumplir este objetivo [facilitar el intercambio], porque fija y hace cumplir las reglas fundamentales que coordinan el intercambio, gracias a su poder de coerción.” Teniendo esto en cuenta, es más fácil entender como un estado corrupto reduce el buen funcionamiento de la economía; porque un estado corrupto no representa una fuente de resolución de conflictos, sino un conflicto más que lesiona la eficiencia del intercambio. Por consiguiente, el uso ilegitimo del poder por parte de los funcionarios públicos perjudica el desempeño económico y el desarrollo humano del país porque propicia la existencia de organizaciones e instituciones que elevan los costos de transacción y presentan pocos incentivos para el intercambio.

Corrupción Política

La corrupción se puede estudiar como un problema de información incompleta que atenta contra el beneficio colectivo; porque produce casos oportunistas de agencia y principal. Así lo expresa la Nueva Economía Institucional (NEI) “Los agentes, destacadamente los políticos y burócratas, pueden establecer compromisos no creíbles, generando un problema de agencia. Sus consecuencias serán muy negativas para el desempeño económico.” En general, se puede decir que el estado políticamente corrupto actúa como una agencia ineficiente que despilfarra ilegalmente y de forma clandestina los bienes del principal (la población). Este abuso del poder público para el beneficio particular es demostrado en los grandes gastos por cuenta corriente en el presupuesto de la república y en la malversación de fondos de forma clandestina que forman parte de la manipulación de este presupuesto.
Es claro que las consecuencias de este despilfarro son amplias y graves; y quien las sufre con más intensidad son los segmentos más pobres de la población. La corrupción política, como problema de las instituciones estatales, perjudica la ética social porque legitima tácitamente las formas ilegales de enriquecimiento político cuando los funcionarios públicos salen impunes en los casos de corrupción. Esto genera incertidumbre, incrementando en general los costos de transacción, debido a que la población y la empresa privada pierden confianza en la calidad de la gestión estatal.
En el contexto actual “es una costumbre social que, en casi todos los campos de la economía y en la política, se concedan y se reciban favores; y con ello no siempre se violan las fronteras de las leyes, o simplemente no se pueden encontrar las pruebas para cada caso especifico.” No sólo en instituciones políticas de gobierno se ven casos de corrupción, sino también en instituciones públicas de orden cívico como la Policía Nacional. En esta institución se dan a conocer cada año múltiples casos de policías involucrados con el crimen organizado; además de las escenas cotidianas de coimas recibidas por agentes de tránsito vial. Además, los casos públicos de corrupción distorsionan la percepción general de los derechos de propiedad; porque los agentes económicos interactúan en un ambiente donde la parte obligada (El Estado) de hacer cumplir estos derechos no los cumple. Esto debilita el poder de los contratos y crea así más incertidumbre y desconfianza. Este debilitamiento en el sistema o mecanismo de intercambio crea a largo plazo organizaciones económicas y sociales ineficientes, o sea, con elevados costos de transacción.
Estas formas de organización económica con elevados costos de transacción son a su vez un obstáculo para el desarrollo; porque en un mundo globalizado con mercados abiertos, este tipo de organizaciones no podrán competir con las organizaciones de países más desarrollados institucionalmente.

Desempeño Económico

El núcleo de la economía capitalista, la empresa privada, altera también sus actividades al enfrentarse a un ambiente de corrupción política. Este ambiente corrupto “puede llegar a ahogar el desarrollo económico, al desincentivar la participación de los empresarios honestos y aumentar el costo de hacer negocios.” Esto se explica porque en general sólo aquellos empresarios que prestan sobornos a los cargos públicos son los que obtienen rápidas ganancias. Estas prácticas ilegales representan una forma de competencia desleal y reducen futuras inversiones privadas tanto de nacionales como de extranjeros. También representan mayores costos monetarios para aquellas empresas que se prestan a la corrupción; lo que a la larga disminuye la competitividad de la empresa privada nacional. Según el reporte del Banco Mundial “Doing Business”, Nicaragua ocupa el puesto #117 entre 183 economías. Este mismo reporte afirma que el número de procedimientos para abrir un negocio en el país es de 6, y el número de días es de 39. La NEI establece que “Los empresarios no tienen incentivos para fijar buenas instituciones que disminuyan el margen de evasión fiscal.” Esto es fácil de entender cuando se conoce que la empresa privada es maximizadora de beneficios individuales y para ella el pago de impuestos es otro costo más por minimizar.
En Nicaragua la evasión fiscal es un problema serio en el cual son responsables desde los medianos comerciantes que pagan únicamente una cuota fija en el mercado oriental hasta las grandes multinacionales que no pagan impuestos por ser presuntamente sociedades sin fines de lucro o turísticas. Tanto en el sector público como en el sector privado se trata de ocultar los actos de corrupción cometidos por altos funcionarios del gobierno y líderes de la empresa privada; impidiendo la publicación de estos mismos en los medios de comunicación. Esto no hace más que generar bases más solidas para sostener la cultura de corrupción que se percibe en la sociedad.
La ineficiencia y quiebra de bancos estatales fue un problema financiero y económico que se debió primordialmente al uso ilegítimo del poder público. Un ejemplo claro es la quiebra del ex Banco Nacional de Desarrollo (BANADES). El Banco Nacional de Desarrollo cesó de operar oficialmente el 15 de diciembre de 1998. Esta quiebra fue el resultado de préstamos obtenidos mediante favoritismo político, los cuales no fueron honrados o fueron pagados parcialmente. La pérdida de este banco estatal representa un gran atraso institucional, una limitación para el desempeño económico y un agravio para las actuales necesidades de crédito del sector agrícola. Esta quiebra fue una sima de la pobre institucionalidad nicaragüense en el período de Alemán y “refleja incompetencia, falta de experiencia en la interacción de la teoría financiera con la realidad, insensibilidad, desinterés total por la opinión publica y una enorme arrogancia.” Por su parte, el actual banco PRODUZCAMOS de la administración del presidente Ortega, además de estar limitado por la poca disponibilidad de recursos, se encuentra peligrosamente vulnerable a la centralización del gobierno actual.
Otro acto de corrupción estatal, reciente, es la emisión de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis). Este es otro caso público de corrupción en donde funcionarios públicos permitieron y fueron parte en la emisión de bonos de inversión con altas tasas de rendimientos, presuntamente para salvar al sector financiero después de la crisis bancaria del 2000-2001. Según el profesor en derecho de la UCA Manuel Aráuz Ulloa “Algunos consideran que como los títulos se emitieron para cubrir los “efectos” de uno o varios delitos cometidos sobre algunas instituciones bancarias, sin que existiera obligación por parte del Estado para respaldar las deudas de un banco privado, entonces se ha violentado la ley, y con ella se ha cometido delito.” En este acto de corrupción se ven involucrados funcionarios de distintos grupos políticos que generaron desconfianza no sólo en el sistema privado de bancos sino en el banco central como emisor de los Certificados Negociables de Inversión.

Instituciones Ineficientes

La corrupción corroe la institucionalidad y el estado de derecho en su conjunto; promoviendo instituciones estatales que únicamente contribuyen al rápido e ilegitimo enriquecimiento de sus funcionarios. Además, a través del nepotismo, las instituciones estatales y/o privadas carecen cada vez de menos capacidad humana para cumplir con sus funciones. Esto es así porque la asignación de puestos no se realiza con un sistema meritocrático, sino a través de relaciones sanguíneas o de afinidad de algún tipo.
La corrupción gubernamental es protegida por un sistema legal ineficiente. Esto no cambiará si no se cambian las reglas existentes del poder judicial nicaragüense, controlado este por los partidos políticos. Como postula la NEI, “los miembros de los grupos políticos organizados que obtienen ventajas de las reglas existentes no estarán de acuerdo con un cambio legal sin una compensación por las pérdidas atribuibles al cambio legal.” De lo anterior se puede derivar que la solución a la corrupción debe ser una que obligue a los políticos a percibir ventajas del cambio legal; esto es, eliminando la inmunidad política en los casos de corrupción. Otro ejemplo de clientelismo, favoritismo y burocracia política es el soborno. La existencia de sobornos “implica un deterioro del mecanismo institucional porque obliga a los contribuyentes y receptores del servicio a pagar más por el mismo servicio.” Además, las instituciones corruptas generan más burocracia; lo que es en sí una pérdida de eficiencia económica. Como nos indica la Nueva Economía Institucional, “Las instituciones bien diseñadas facilitan la coordinación económica y promueven un mejor desempeño de la economía, de la misma forma, las instituciones ineficientes pueden ayudar a perpetuar el atraso económico.” Esta continuidad de instituciones ineficientes limita los potenciales de desempeño económico de nuestro país porque el gobierno moldea sus decisiones de acuerdo a necesidades personales o del grupo de poder, y no de acuerdo a las necesidades de desarrollo humano de la población nicaragüense. Por lo tanto, es lógico afirmar que en Nicaragua el atraso económico no se debe a falta de dotación de recursos, sino a falta de instituciones que den incentivos para reducir costos de transacción y promover el intercambio efectivo.

Las recientes noticias sobre las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (ADA) han demostrado la dificultad de considerar adecuadamente las asimetrías correspondientes a dos bloques económicos tan disimiles. A pesar de que muy probablemente el cabildeo económico europeo en alianza con la gran empresa nacional apruebe este tratado de libre comercio,  considero que las negociaciones deberían de imponerse con menos prisa; para evaluar con serenidad un acuerdo tan importante. Indudablemente el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea es sumamente atractivo para los grandes agroexportadores nicaragüenses, pues representa un mercado de 500 millones de habitantes con un pib per cápita de US$30,000.

Se puede especular mucho sobre las oportunidades económicas que se abren con un acuerdo como este; oportunidades de nuevos y mejores mercados, atracción de inversión extranjera directa, generación de empleos, transferencia tecnológica, etc. Sin embargo, para tener una idea objetiva de lo que podría ocurrir con la firma de este tratado de libre comercio con el mayor exportador de servicios del mundo, basta con revisar la evolución de las cifras comerciales con Estados  Unidos de América a partir de la entrada en vigencia del CAFTA en el año 2006. Cabe señalar que no se pretende analizar de forma exhaustiva el impacto del CAFTA sobre la economía nicaragüense en un plazo tan corto de su entrada en vigencia; sino observar las relaciones comerciales agregadas de nuestro país con el vecino del norte para prever la evolución de nuestras futuras relaciones comerciales con Europa.

Así, a pesar de que muchos economistas y políticos defensores del CAFTA resaltan el hecho de que nuestras exportaciones hacia Estados Unidos crecieron a una tasa promedio anual de 14.9% entre 2006 y 2008[1], pasando de US$289 millones en 2005 a US$439 millones en 2008; obvian o esconden el hecho de que nuestras importaciones provenientes del mismo país crecieron a una tasa promedio anual de 19.7%, pasando de US$524 millones en 2005 a US$890 millones en 2008. Consecuentemente, nuestro déficit comercial con Estados Unidos creció a una tasa promedio anual de 25.2%, hasta alcanzar US$461 millones en 2008. Es decir, las empresas estadounidenses han aprovechado a este tratado de libre comercio más que las empresas locales, vendiéndonos más de lo que les hemos podido vender nosotros a ellos.

Como se mencionó anteriormente, las negociaciones del ADA no deben de apresurarse, primero se debe de estudiar ampliamente el impacto del mismo sobre las mayores generadoras de empleo en el país, las PYME’s. En este sentido debe de enfatizarse la importancia de fortalecer el mercado de consumo interno, y crear competitividad empresarial. Nuestras exportaciones, el motor de nuestra economía, no serán competitivas y no sobrepasaran a nuestras importaciones si los niveles de competitividad empresarial se mantienen constantes, como la recta histórica que muestra nuestra productividad.

[1] Año previo a la depresión comercial provocada por la crisis económica mundial

Por instrucciones del Profesor Néstor Avendaño, coloco el siguiente vínculo como entrada del blog

Presentación de un economista y su blog

“Tras Cualquier acción de un político se puede encontrar algo dicho por un intelectual quince años atrás” –John Maynard Keynes.

La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua es el órgano del estado cuya función es promulgar leyes en beneficio de la sociedad nicaragüense. La Asamblea Nacional está compuesta por 92 diputados que representan los intereses de todo el territorio nacional. Según el artículo 6 de la Ley No. 530, Ley de Regulación Salarial de los Funcionarios Públicos de Mayor Jerarquía del Estado”, estos 92 servidores públicos devengan un salario mensual de US$3,500 (sin incluir los fondos que les son asignados para becas, los bonos de combustible, las dos libres por ingreso de vehículos, ni los gastos por viajes de representación). Esto equivale a un monto de US$3.9 millones que pagamos anualmente los(as) nicaragüenses. Para poner en perspectiva estas cifras, y contextualizarlas a un país pobre y muy endeudado (HIPC), US$3,500 representan:

• 27.7 veces el salario mínimo legal promedio anual que en 2009 fue de tan sólo US$126.
• 8.4 veces el costo de una canasta básica de 53 productos destinada para un hogar de 6 personas, la cual en 2009 ascendió a US$414.
• 3.3 veces el pib per cápita de Nicaragua, que en 2009 fue de US$1,071.
• El 27% del total de remuneraciones de la Asamblea Nacional.
• El 3.7% del resultado operativo neto del gobierno central en 2009.

Sin embargo, a pesar de que en los últimos 3 años se ha avanzado en la reducción de los megasalarios –antes de 2007 los diputados nicaragüenses devengaban US$5,000 mensuales–, estos todavía no se equiparan con los salarios de diputados de países con estructuras sociales igualmente empobrecidas y desiguales, como lo son Guatemala y Honduras; donde los diputados devengan salarios de US$1,575 y US$1,680 respectivamente.

Es importante contrastar los altos ingresos de nuestros servidores públicos con su eficiencia laboral, la cual está reflejada en forma general por el número de leyes que promulgan al año. Así, según la página Web de la Asamblea Nacional, en 2009 los 92 diputados formularon y aprobaron apenas 8 leyes, y en el período enero-abril del año en curso, tan sólo se ha aprobado 1  ley. A continuación se enumeran algunas de las leyes más importantes cuya aprobación ha sido retrasada debido a resistencias político-partidarias:

• Está pendiente de aprobarse desde diciembre pasado un préstamo de 15 millones de dólares para la niñez en extrema pobreza en zonas rurales por parte del BID;
• la ley que crea el fondo para compra de tierras para mujeres del sector rural, cabezas de familia y la ley a favor de partos múltiples o prole numerosa
• la ley de pueblos indígenas; una nueva ley de consumidores;
• la ley de regulación de tarjetas de crédito que ya tiene un pre dictamen y mociones;
• una nueva ley de seguros y reaseguros para proteger al consumidor de estos servicios;
• la ley de Microfinanzas;
• el veto al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación del Sistema  Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación (CNEA);
• una ley a favor de los inmigrantes para emisión de identificación consular
• Igualmente se mantienen pendientes tres acuerdos con Italia, Canadá y Rusia.

Es seguro que en nuestro país existen más de 92 personas que harían un mejor trabajo, que estarían más comprometidos con el bienestar de todos(as), y no solamente trabajarían para un partido, o para su lucro personal. También es claro que la existencia de instituciones ineficientes como la Asamblea Nacional limita las posibilidades de alcanzar desarrollo humano sostenible. Como diría el distinguido Profesor Néstor Avendaño, estos servidores públicos son subempleados visibles, porque trabajan menos de 40 horas a la semana!

Finalmente, creo que la transformación de nuestro parlamento en una institución eficiente que ayude a coordinar el desarrollo integral de los(as) nicaragüenses no surgirá del cambio de normas o leyes, sino de un cambio de consciencia; de servidores públicos realmente comprometidos con reducir la pobreza de todos(as), y no exclusivamente su pobreza personal!