En la actualidad la Banca nicaragüense representa un mercado oligopólico constituido por 7 bancos privados regulados por la Superintendencia de Bancos y de otras instituciones Financieras (SIBOIF): BANPRO, BANCENTRO, BAC, BDF, CITIBANK, PROCREDIT,  y BANEX. Estos bancos generan 7,685 puestos de trabajos directos en 328 sucursales,  con 152 en Managua y 176 en los departamentos. La distribución regional del crédito muestra que a marzo 2010 el 72% ha sido otorgado en Managua; 6.4% en la Región Occidental; el 7.5% en la Región Norte; el 6.1% en la Región Sur; el 3.0% en Las Segovias; el 2.5% en la Región Central;  el 2.1% en el Atlántico; y el 0.6% en Río San Juan.

Nicaragua tiene 17 bancos menos que el promedio centroamericano de 24 bancos por país. Además, a marzo de 2010, la banca nicaragüense posee el menor monto de activos de la región, con apenas US$3,983 millones. La débil magnitud de los intermediarios financieros de Nicaragua refleja la pobre capacidad productiva de su economía, la cual representa solamente el 5% de la producción centroamericana.

Existe un consenso generalizado sobre la importancia del crédito para financiar actividades productivas que promuevan el desarrollo económico. Es decir, la intermediación financiera traslada los recursos financieros ociosos (depósitos) hacia actividades que necesiten de estos recursos para empezar sus operaciones (crédito) y así generar crecimiento económico y empleos. En Nicaragua, el sistema bancario no apuesta por el desarrollo productivo debido a que destina la mayor proporción de los recursos financieros hacia actividades de más corto plazo como el comercio y el consumo personal.

La concentración de la cartera de crédito demuestra la falta de compromiso de las instituciones financieras reguladas con el desarrollo del país. Esta falta de compromiso tiene también estrecha relación con la disponibilidad de recursos del sector público para financiar el déficit del gobierno central, especialmente en referencia a la emisión de títulos valores del sector público. Esta demanda de recursos financieros por parte del Gobierno Central se ilustra en la siguiente gráfica que muestra la baja del rendimiento de las letras estandarizadas del Banco Central de Nicaragua en agosto 2009, cuando el FMI entregó US$164.4 millones por orden del G-20. Consecuentemente, esta competencia por recursos financieros eleva las tasas de interés de los préstamos al sector privado cuando el gobierno central necesita financiar su déficit (siempre!), y reduce la disponibilidad y acceso de estos recursos para ser destinados a actividades productivas. Además, a marzo 2010 el 76.7% de las inversiones de los 7 bancos privados descansaban en títulos valores del tesoro público.

Finalmente, es muy importante reducir el vínculo financiero de la SIBOIF con los bancos privados. En los informe que la SIBOIF publica en su página web, www.siboif.gob.ni, los estados financiero no están auditados, y son elaborados por las instituciones financieras y entregados a la SIBOIF. La Ley de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, Ley No.316, indica que la SIBOIF “ejercerá en forma consolidada  la supervisión,  vigilancia, y fiscalización de los grupos financieros”. Sin embargo, existe lugar para la duda acerca de la correcta aplicación de la Ley cuando la SIBOIF financia sus operaciones con fondos provenientes de los intermediarios financieros, y cuando presenta al público reportes financieros que le son entregados por dichos intermediarios. Ante la falta de competencia, el mercado de intermediación financiera necesita ser regulado para que su actividad favorezca y se encause en el compromiso del desarrollo productivo del país.