Recordando el Decálogo de Washington en Nicaragua

Debido a las características propias de la evolución capitalista, y a partir del fracaso de modelos de desarrollo endógeno, los países latinoamericanos fueron lanzados forzadamente hacia la competencia internacional. Es importante aclarar que este cambio de modelo se acopló a los lineamientos definidos por el “Consenso de Washington”. Los procesos de globalización y de apertura comercial condicionados por los organismos multilaterales a partir de la década de 1990 han socavado las bases para lograr una sociedad más justa debido a que estos mismos limitaron el gasto en capital humano (salud, educación), crearon segmentos productivos de competencia imperfecta a partir de las privatizaciones, y precarizaron el mercado laboral bajo la noción de la competitividad entendida como salarios de subsistencia. Los primeros programas de estabilidad macroeconómica y ajuste estructural que nuestro país acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la década de 1990 sentaron las bases para el abandono casi total a perspectivas de desarrollo futuro para nuestra población, implementándose por más de 18 años medidas fiscales restrictivas que han minado el crecimiento y el fortalecimiento de nuestro capital humano.

En general se puede decir que los programas de estabilización económica y ajuste estructural del FMI fueron un campo de guerra para los sectores más vulnerables de la sociedad nicaragüense. Así lo visualiza el economista Néstor Avendaño: “El primer programa “Servicio Reforzado de Ajuste Estructural 1994-1996” (SRAE 1 o ESAF 1) no contempló medidas efectivas para paliar el alto costo social del ajuste económico y de las reformas estructurales impuestas por el FMI ya que detrás del ESAF 1 venían los tanques de guerra, al no haber ninguna acción que aliviara la situación de los pobres ante los efectos del ajuste económico y el desalojo del Estado del mercado, detrás del “Programa Servicio Reforzado de Ajuste Estructural 1998-2001” (SRAE 2 o ESAF 2), venían las ambulancias, con los ensayos de redes de protección a la población vulnerable, mejor dicho a la población pobre, que en 1998 constituía el 47.9 por ciento de la población total del país, así mismo detrás del Programa “Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza 2002-2005” (SCLP 1 o PRGF 1) venia la infantería, o sea los pequeños grupos económicos que han concentrado el ingreso nacional y han transformado a Nicaragua en uno de los países latinoamericanos con mayor inequidad en la distribución del ingreso.”[i]

El índice de Gini (que mide la distribución de la riqueza en un país) calculado para Nicaragua en 2008 por el FMI es de 55.5%; lo cual indica que aproximadamente el 20% de la población más rica obtiene el 55.5% de la riqueza generada por el país.

La ideología que estaba detrás de estos planes globalizadores, afirmaba que el crecimiento económico obtenido a través del estimulo agroexportador aliviaría las condiciones de pobreza y desigualdad en la medida en que este crecimiento se “derramara” sobre los segmentos más pobres de la población. Sin embargo, la realidad muestra que el crecimiento obtenido a partir de la apertura comercial, ni fue suficiente para aliviar las condiciones de pobreza, ni permitió el “derramamiento” de la riqueza; al  ser concentrada esta última por los grandes conglomerados agro-exportadores y por las transnacionales beneficiadas por las privatizaciones. La tasa de crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto real (PIB), para el período (1995-2009), es un anémico 3.7%.

Según el Banco Central de Nicaragua (BCN), durante el período 1990-1997, aproximadamente el 50% del gasto gubernamental se destinó al pago de la deuda externa, limitando así los recursos destinados para la inversión pública en salud y educación. La educación no solamente es fuente de riqueza en términos de mayor crecimiento, sino también riqueza en forma de equidad social. Esto es así porque el desarrollo de los niveles educativos promueve las capacidades y fortalece la habilidad con la cual los individuos aprenden a través de la experiencia. Además, se reconoce mundialmente que la desigual oportunidad en el mejoramiento del capital humano es el factor más importante de la desigualdad en la distribución del ingreso. Por consiguiente, es claro notar cómo las diferencias en educación crean profundas brechas en los ingresos del trabajo. Estas diferencias en el nivel educativo crean un ciclo-vicioso en el desarrollo del capital humano y en los niveles de distribución de la sociedad. Esto preocupa porque desde nuestra apertura comercial en la década de 1990 hemos firmado tratados comerciales con países que tienen promedios de escolaridad de 8 a 12 años –mientras nosotros apenas tenemos una escolaridad promedio de 5 años, según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE)–.

Dentro del afán de quitarle recursos al estado (suponiéndolo un mal necesario) para transferirlos al sector privado, se dieron circunstancias que afectaron negativamente a los sectores sociales más desprotegidos; circunstancias derivadas de la penetración de grandes conglomerados transnacionales en la economía local. Así, el proceso de disminución del aparato estatal, acompañado por planes de conversión laboral “voluntaria” y por privatizaciones; significó un elevado costo social, porque se incremento drásticamente el número de personas desempleadas y profundizó aún más la informalidad del empleo e incrementó la sub-utilización  de la fuerza de trabajo. Según el INIDE, el 63% del mercado laboral es informal. El peor efecto, y el más grave, fue la recesión profundizada de las pequeñas y medianas industrias. La apertura al exterior debilitó aun más a una industria nacional ya débil, beneficiando casi únicamente a las grandes empresas agro-exportadoras. El nuevo modelo encausado en la globalización, creó una base para atraer inversiones extranjeras, desplazando y fallando en reactivar a la industria nacional.

Además, las privatizaciones, aparte de realizarse bajo lineamientos de corrupción y de lucro personal de muchos políticos, crearon mercados imperfectos porque el gobierno concedió privilegios monopólicos a muchas empresas transnacionales que compraron a empresas nacionales ya existentes; tal es el caso del monopolio de la distribución y comercialización de energía eléctrica y del monopolio de las telecomunicaciones. Mas aún, muchas de las empresas privatizadas, eran empresas estatales rentables, que prestaban servicios estratégicos para el desarrollo de la sociedad en general, y que se vendieron a precios irrisorios al capital extranjero.

Otra amenaza importante de la globalización del capital transnacional, está representada por la lucha de la economía campesina con la agroindustria de los grandes capitales. Ante la penetración local de grandes monopolios de la comercialización de alimentos, y sin contar con una presencia estatal en este segmento, las pequeñas economías campesinas ceden sus márgenes de ganancias ante el enfoque de compra de pre-cosecha dirigido por estos conglomerados; y más importante aún, limitan sus posibilidades de desarrollar una competitiva agroindustria nacional debido a falta de financiamiento y bajos niveles tecnológicos.

Finalmente, y como eje importante para la mejoría de la equidad, se encuentra el tema de la redistribución del ingreso a través de impuestos. Nicaragua, a pesar de ser un país con altos niveles de desigualdad, presenta una Carga Tributaria de apenas 18% del PIB. Poseer una recaudación tributaria tan débil condiciona el gasto social que reduce los niveles de desigualdad.

El poco éxito que se ha tenido para lograr recaudaciones que permitan aumentar el gasto social, se debe a la erosión de la base tributaria derivada del enfoque de exoneraciones y exenciones para la atracción de inversión extranjera. Es importante observar, que aún con las reformas a la Ley de Equidad Fiscal vigentes a partir del 1° de enero de 2010, el sistema de exenciones y exoneraciones sigue vigente. El modelo implementado bajo la globalización, el de atraer divisas de  inversiones extranjeras y de la gran agro exportación, no ayudó a reducir la regresividad del sistema tributario nicaragüense, porque no permitió que se incrementara la tributación directa (Impuesto sobre la Renta), para así poder reducir la tributación indirecta (Impuesto sobre el Valor Agregado, Impuesto Selectivo al Consumo). Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), en el año 2009, el 64% de los ingresos tributarios se recaudó a través de impuestos indirectos, los cuales son netamente regresivos. Así, la mayor ponderación que ha tenido el sector privado bajo el marco general de la globalización y la apertura comercial ha impedido reducir los niveles de desigualdad a través de la construcción de un sistema tributario progresivo, como lo explica claramente el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), “La oposición fuerte y concentrada de ciertas élites económicas no permitió que se desarrollara un sistema fiscal más completo y adecuado. Estas élites han invertido en sectores privilegiados que no pagan impuestos y, por consiguiente, se oponen a que se fortalezca la tributación, a pesar de que estos sectores son los más dinámicos de la economía.”[ii]

Dentro de la óptica globalizadora del “estado mínimo”, no se pueden lograr mejoras en la equidad y justicia social. El estado debe de jugar un rol muy importante en la búsqueda de una mejor equidad social, a través del gasto social y mecanismos de redistribución del ingreso, aún cuando esto perjudique los privilegios históricos de grandes conglomerados. Esperemos que el actual gobierno –GRUN–, no se conforme con ser solamente un buen alumno del FMI, y promueva un verdadero cambio, hacia un sistema más equitativo.

^[i] Avendaño, Néstor, El riesgo social de Nicaragua. Políticas Sociales y la Cumbre del Milenio (Marzo 2007)

[ii] Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), La política fiscal en la encrucijada, El Caso de América Central (2007)