El Desarrollo Económico Local (DEL) surge como respuesta a los procesos de globalización y a una etapa de elevados niveles de competitividad en el desarrollo del capitalismo. Este nuevo y revolucionario paradigma pregona un desarrollo endógeno, basado en una eficiente densidad institucional y en una apropiación de la visión del desarrollo por parte de los actores locales. Es decir, este paradigma explica como el desarrollo de las localidades se logra a través de la sinergia creada por la concertación social y la voluntad sus propios actores.

Uno de los problemas de las agencias de cooperación es el papel entre el humanismo total, tradicional y neutralidad política, y perseguir el objetivo del desarrollo. A partir de esto se derivan 2 corrientes que se diferencian en términos políticos.

Asistencia para el alivio: Ejercicio mecánico de los proyectos mientras las verdaderas raíces del problema continúan intactas, como la inequidad entre el acceso a recursos, tierras y  educación.

Aquellos de asistencia para el  desarrollo: que afirman que no tiene sentido que se pretenda aliviar una  situación de emergencia y se haga caso omiso a las causas que generan la situación, si no es posible resolverlos al menos darlos a conocer mediante los implicados, y por tanto se toma en cuenta la importancia de los procesos participativos para el desarrollo y el llamado empoderamiento.

En este escenario, la cooperación canalizada a través de Organismos No Gubernamentales representa una ayuda vital para el empoderamiento de los actores locales. En Nicaragua, los instrumentos jurídicos que permiten la creación y desempeño de estos organismos son por orden de importancia: Constitución Política de Nicaragua, Ley General sobre Personas  Jurídicas sin Fines de Lucro (Ley 147), Ley de Participación Ciudadana; y leyes relacionadas con el ámbito Laboral y Tributario.

En países como Nicaragua, con grave situación de pobreza y desigualdad, y además con niveles elevados de deuda pública; la cooperación externa proporciona un tipo de ayuda vital para la lucha contra la pobreza y la exclusión de la mayoría de la población. Esto se debe a que proporcionan recursos adicionales –con los cuales no cuenta el estado, ni daría el sector privado– para reducir presión sobre diversas problemáticas socio-económicas.

El registro histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) compilado en la siguientes tabla y gráfica, muestra que la cooperación de las ONGs está principalmente dirigida hacia programas sociales con un promedio de participación para el período 1990-2009 de 71.8%, lo cual se traduce en US$1,252.5 millones de un total de US$1,745.0 millones ejecutados en dicho período. Nicaragua cuenta con un registro de 668 Organismos No Gubernamentales (ONGs) provenientes de 50 países, de los cuales el 66% son de origen nicaragüense y estadounidense y nicaragüense.

La cooperación facilitada por estos organismos y registrada en el Sistema de Información de los ONGs del MINREX suma US$1,745 millones durante el período 1990-2009, destinado a 6 sectores que son los siguientes en orden de importancia:

i.El 71.8% fue destinado al sector social, o sea US$1,253 millones, que se concentra principalmente en garantizar la sobrevivencia de la población en zonas rurales del trópico seco, suministro de agua potable y saneamiento ambiental, capacitación laboral a jóvenes con discapacidad, mejoramiento de las condiciones educativas, capacitación técnica a jóvenes en desventaja social, becas y carreras técnicas para jóvenes, educación para niños pobres, fortalecimiento institucional de la universidades de la Costa Caribe, atención y prevención del VIH/SIDA en la Costa Caribe, fortalecimiento del proceso de autonomía de los habitantes de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), salud sexual y reproductiva de jóvenes y adolescentes, campaña contra la violencia sexual, atención a niños huérfanos abandonados, facilitar el acceso a los servicios de salud básica, construcción de albergues para pacientes afectados por la tuberculosis y leishmaniosis, construcción de asentamientos y rehabilitación de infraestructura a población afectada por huracanes y erupciones volcánicas, y promoción de la equidad de género.

ii. El 10.7% fue dirigido al apoyo del sector productivo, o sea US$187 millones que se orientan hacia al mejoramiento de las capacidades productivas agrarias incluyendo maquinaria y equipos, promoción de la participación de la población comunitaria para lograr una vida sostenible, el fomento de cooperativas agrarias ecológicamente rentables, capacitación de adultos en producción y comercialización, proyectos de desarrollo económico local para grupos vulnerables, elevar la competitividad y gerencia de las MYPIMES, comercialización de productos orgánicos, producción de granos básicos para fomentar la seguridad alimentaria,  manejo de los recursos naturales, concesión de crédito a familias rurales, e innovación en cadenas de valor de café.

iii. El 9.0% ha sido distribuido en el sector financiero, o sea US$156 millones que propician proyectos tales como fortalecer las capacidades de gestión local del riesgo, consolidar la economía popular asociativa y autogestionaria, comprar de terrenos y construcción de viviendas, transferencia tecnológica, desarrollo de la economía forestal, y entrega de crédito rural para actividades agrícolas y almacenamiento de granos.

iv. El 6.4% fue asignado al fortalecimiento institucional y a la gobernabilidad, o sea US$113 millones para el desarrollo de actividades de promoción de la participación ciudadana, capacitación en materia de legislación laboral y derechos ciudadanos, fortalecimiento organizativo de la negociación colectiva, y conocimiento y apropiación del Código de la Niñez y la Adolescencia.

v. El 1.7% fue canalizado a la infraestructura económica, o sea US$29 millones que apoyan la promoción de la energía solar en comunidades rurales, mejorar el servicio de agua potable y saneamiento, construcción de letrinas en comunidades afectadas por huracanes, y construcción de caminos para la producción y la comercialización.

vi. El 0.5% correspondió a varios sectores, o sea US$8 millones para el fomento de la educación primaria y la salud preventiva, el mejoramiento del nivel de vida de poblaciones indígenas, protección de los bosques tropicales y adaptación al cambio climático, y formación de brigadas de voluntarios para ejecutar proyectos de desarrollo comunitario.

A pesar que estos organismos se rigen bajo las normas de Cancilleria (MINREX), realmente no existe un mecanismo regulatorio que haya analizado a profundidad las actividades y logros de estas organizaciones en Nicaragua. Ante la falta de este tipo de evaluación, cualquier valoración tiene un alto grado subjetividad. No obstante, tomando en cuenta el pobre acervo de virtudes que caracterizan a la personalidad humana, se deducen muchos posibles aspectos negativos vinculados a este tipo de cooperación. Para ver un detalle más técnico de estos aspectos, leer: Mendoza, Rene; Kuhnekath, Klaus Ayuda externa: ¿reduce o produce pobreza? Una aproximación conceptual a los estudios de impacto.

Dentro de estos aspectos se pueden resaltar: que los trabajadores de muchas ONGs vean sus actividades sólo como una fuente de ingresos y no como actividades que empoderen a actores locales (y se mantengan las condiciones deprimidas para dar continuidad a los salarios), que los proyectos se ejecuten en la base de indicadores específicos y estrechos y no se analice a profundidad el contexto y el impacto que dicho proyecto conlleve en el largo plazo, que estos recursos se vean como una forma de reducir el pago de impuestos por parte de los fondeadores internacionales, y que los proyectos no se ejecuten en zonas verdaderamente deprimidas y lleguen a personas que los necesitan menos (esto sucede particularmente en algunas ONGs que proporcionan crédito; cuando estos créditos son dirigidos para financiar actividades personales de sus directores).

Además la mayor ejecución de proyectos de carácter nacional y departamental implica una disminución del protagonismo de los actores locales. Es decir, las alternativas, coordinación, responsabilidades y decisiones se determinan en un entorno ajeno a las condiciones, valores y visiones locales; lo cual resta efectividad a la ejecución de la cooperación. Adicionalmente, el principal problema para valorar correctamente el cambio que logran los proyectos de cooperación es que estos programas usan indicadores de efectividad para medir los cambios producidos por los proyectos, y no indicadores de impacto.

Los diversos proyectos impulsados por estas ONGs se caracterizan por la búsqueda de objetivos comunes entre ellas a pesar de las diferencias sectoriales de las mismas, pero en general carecen de eficiencia en sus unidades ejecutoras por lo que su participación en los distintos territorios no garantiza resultados a largo plazo. Aunque muchos programas producen cambios benéficos en el corto plazo, en lo referente a las metas de largo plazo, no se observan cambios sostenibles generados por la intervención, que incluyen no sólo los planeados y deseados, sino los no intentados y los inesperados.

Aunque el impacto de la ayuda es generalmente positivo en el corto plazo, en realidad no termina por resolver los problemas fundamentales que limitan el pleno desarrollo humano, principalmente porque el empoderamiento de los actores locales es limitado. La participación por parte de los afectados no debe limitarse a comunicar sus problemas sino también a plantear alternativas propias para solucionarlos. Lo que existe en muchas zonas, principalmente rurales, es una ayuda asistencialista y no una cooperación que implique obrar conjuntamente: actores comunitarios, gobiernos, organismos de cooperación; una sinergia de abajo hacia arriba y no al contrario como tradicionalmente se ha trabajado, de forma centralizada.

Como se ha enfatizado anteriormente, a pesar de que estos programas proporcionan cierto nivel de alivio de los problemas, estas no tienen un impacto verdaderamente observable debido a que crean cierto nivel de dependencia y proporcionan un nivel de bienestar a corto plazo mientras la ayuda permanezca en el territorio. La cooperación hacia el sector social para incidir verdaderamente en el desarrollo, no solamente debe aliviar una situación de emergencia sino que tiene que solucionar las causas –raíces– que generan esta situación.

Finalmente, no sólo se deben de modificar los sectores prioritarios de esta cooperación, para dirigir más recursos a espacios estructurales como el productivo y el de infraestructura económica, y así reducir la dependencia de esta ayuda en el largo plazo; sino que se debe de crear una institución especializada que regule de una forma adecuada las actividades de estos valiosos organismos. Más que un mecanismo de regulación, esta institución debe de ser un observatorio sectorial que valore los resultados obtenidos y retroalimente la ejecución de proyectos. Todo esto con el fin de mejorar el impacto que esta cooperación tiene sobre el bienestar de los nicaragüenses más empobrecidos.