Autores: Juan Mena y Alvaro Altamirano

Tradicionalmente, en nuestro país la estabilización macroeconómica se ha limitado al mantenimiento de un determinado nivel de reservas internacionales (en la actualidad, 2.2 veces la base monetaria), que a su vez permite la estabilidad de la moneda y el normal desenvolvimiento de los medios de pago. Los resultados de esta anteojera en la visión de la macroeconomía nacional han sido, entre otros, un mayor endeudamiento público derivado de las pérdidas operativas del Banco Central de Nicaragua, y un anémico crecimiento económico ligado a una precoz apertura comercial y a una drástica reducción del sector público. En contraste con este enfoque artificial de estabilidad macroeconómica, creemos que la verdadera estabilización macroeconómica para un país pobre y aún muy endeudado, debe reflejarse en una mejor infraestructura económica, en transferencia tecnológica y en una creciente inversión para mejorar la productividad del capital humano. En este sentido, el objetivo de este artículo es ilustrar como en la práctica la política energética del Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), que tiene como objetivo transformar la matriz energética en nuestro país, abona esfuerzos para empezar a construir una verdadera estabilidad macroeconómica en Nicaragua.

En los dos últimos Planes de Desarrollo elaborados durante las respectivas administraciones –Plan Nacional de Desarrollo del Ing. Bolaños (PND) y el Plan Nacional de Desarrollo Humano del Presidente Ortega (PNDH)- la estrategia energética del país prácticamente se basó en tres lineamientos: Ampliar la  oferta de energía del país, cambio de la matriz energética hacia fuentes limpias y renovables,  y aumentar la cobertura de electrificación rural.

Sin embargo, estos planes presentan una diferencia muy marcada en cuanto al papel que debe jugar el Estado para lograr los objetivos planteados en materia de energía. Para el PND la teoría que la inversión privada y la relegación del estado a una función de incentivador de las inversiones mediante concesiones y fiscalizaciones era la mejor forma de logras los objetivos energéticos.

Contrario al pensamiento del PND, el PNDH considera que el  papel del Estado debe ser  más activo,  el gobierno debe estar dispuesto y ser capaz de intervenir si se presenta la oportunidad o si es necesario para lograr los objetivos planteados respecto al desarrollo del sector energético.

El deseo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) de tomar mayor protagonismo en la política energética inicio a concretarse con la creación del Ministerio de Energía y Minas (MEM), cuya función principal es ordenar el sector, establecer la estrategia nacional energética, y formular el programa de inversión pública de dicho sector.[1]

El proceso continuó con la formulación de acuerdos de cooperación con Venezuela, Brasil y el BID con el objetivo de concentrar esfuerzos y recursos en el sector. Además de una adquisición del 16% de Unión FENOSA Internacional (UFI)[2], con el fin de encontrar soluciones a los diferendos acumulados desde años anteriores y remediar la problemática de la distribución.

Durante el periodo 2007-2010 el subsector eléctrico creció 14.02%, aumentando su generación eléctrica bruta de 3.2 millones Mwh a 3.6 millones Mwh. La producción eléctrica pública descendió su porcentaje de participación en la producción total al pasar de 24.52% en 2007 a 18.88% en 2010. Por otro lado, la participación privada aumentó su participación de 75.48% a 81.12% en el mismo período.

Los factores que aumentaron la producción privada fueron la entrada al sistema eléctrico nacional de las generadoras Alba de Nicaragua, S.A. (ALBANISA) y del Consorcio Eólico, S.A. (AMAYO).

En lo referente a los tipos de generación eléctrica la matriz se mejoro un poco, no obstante el sector aún depende principalmente de fuentes fósiles[3]. Y con ello acarra los agravantes de esta fuente energética: limitada disponibilidad de recursos y precios volátiles con tendencia al crecimiento.

En el año 2007 el 71.01% de la generación total fue Termoeléctrica (Fuel Oil + Diesel) más un 11.86% de energía Térmica (residuos vegetales) lo que representa un total del 82.87% de energía a base de combustión. Mientras que las fuentes limpias –hidroeléctrica, eólica y geotérmica- representaron el 17.13%. Para 2009 el porcentaje de producción en base a combustión (Fuel Oil + Diesel + Residuos Vegetales) fue de 79.63% mientras que  las fuentes limpias representaron el 20.37%[4].

Por el lado de la demanda, esta evidenció un crecimiento de 19.67% durante el período 2007-2010. En 2007, el consumo total facturado de energía eléctrica fue de 1.9 millones de Mwh y cerró en 2010 con 2.3 millones de MWh. En el análisis comparativo del consumo con la generación neta[5] el resultado es un superávit de generación, en 2007 el excedente fue de 0.950 millones de MWh y en 2010 fue de 1.024 millones de Mwh. El balance actual no presenta riesgos de una crisis energética como la vivida en 2006-2007.

El Objetivo de la Política de Energía incorporada en el PNDH, “Ampliación de la Oferta de Generación con Recursos Renovables y Cambio de la Matriz de Generación”, no sólo promoverá la estabilidad macroeconómica futura al reducir nuestra vulnerabilidad ante los shocks de precios internacionales del petróleo y sus derivados; también promoverá el desarrollo humano al ampliar el número de hogares (especialmente rurales) que cuenten con el servicio de energía eléctrica. Por consiguiente, la inversión en estos sectores no sólo mejora las condiciones humanas de los(as) nicaragüenses, sino que también promueve el crecimiento a través de mayores y mejores condiciones de mercado; y afianza a esta estrategia como uno de los pilares del desarrollo económico en Nicaragua.