Perú se consolida

Autores: Juan José Mena y Álvaro Altamirano. Dracma (julio 2010)

Durante la última década la economía peruana presenta uno de los  mejores desempeños en la región latinoamericana al registrar una tasa de crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto (PIB) de 6,7%[i] durante el periodo 2002-2008. Este impetuoso ritmo de crecimiento fue disminuido drásticamente por los efectos de la crisis mundial, en el año 2009 el crecimiento del PIB fue de 0,9%[ii]. El notable éxito económico de Perú se fundamenta en la solidez fiscal y en el adecuado manejo de su política económica.

La clave del éxito peruano radica en una mayor disponibilidad y uso equilibrado de los recursos provenientes del fuerte crecimiento de las exportaciones de recursos mineros y un buen manejo del gasto público. Perú posee una tradición minera significativa al representar esta industria un promedio de 57%[iii] del total de las exportaciones entre los años 2002 y 2009.

El aumento considerable de la demanda mundial de productos mineros –especialmente cobre, hierro, oro y plomo- han aportado gran dinamismo a la economía del país, lo cual se refleja en el crecimiento de las exportaciones peruanas en  un ritmo promedio anual de 21%[iv] durante el periodo 2002-2009; los principales productos mineros de exportación fueron oro y cobre, en 2009 las exportaciones FOB de estos productos equivalían al 78%[v] de las exportaciones del sector minero.

Sin embargo esta disponibilidad de recursos, US$26.885[vi] millones de exportaciones en 2009, no fuese tan determinante en el equilibrio macroeconómico sino se hubiese complementado con un cuidadoso manejo de las finanzas públicas.

El Gobierno Peruano mantiene una correcta prudencia en el manejo del gasto público, la  deuda pública ha disminuido sustancialmente de un  46,0%[vii] del PIB en 2001 hasta un 26,6%[viii] en 2009. Así mismo se enfatiza en una fortaleza fiscal, que se traduce en una acentuación de la recaudación tributaria -la cual aumentó de  12,2%[ix] del PIB en 2000 a 13,8%[x] en 2009- además de un superávit fiscal que se mantuvo en el rango de 1,8%[xi] y 3,1%[xii] del PIB entre 2006 y 2008. Sin embargo, en el año 2009 Perú cerró con un déficit de 2,1%[xiii] del PIB, el cual se explica en el aumento del gasto en infraestructura pública como parte del plan anticíclico de reactivación económica.

Perú enfrentó la crisis mundial en condiciones envidiables en relación al resto de la región. La estabilidad macroeconómica y la prudencia en los gastos públicos le permiten mucha libertad para implementar políticas económicas y sociales que atenúen los efectos de la crisis. Para este escenario el país contaba con unas reservas internacionales brutas equivalentes a más de 20 meses el valor de sus importaciones[xiv].

El éxito y consolidación de Perú no solamente se expresa en términos económicos. Adicionalmente, los indicadores sociales han mejorado considerablemente en la última década, la tasa de pobreza ha disminuido 12,4 puntos porcentuales entre los años 2004 y 2008, pasando de 48,6%[xv] a 36,2%[xvi] respectivamente.

Consecuentemente la experiencia peruana es digna de emulación para Latinoamérica, el equilibrado uso de los ingresos y los gastos para favorecer la solidez y continuidad de las políticas económicas y sociales es una estrategia que debe ser considerada por los hacedores de política pública.


[i] Ministerio de Economía y Finanzas de Perú.

[ii] Ministerio de Economía y Finanzas del Perú.

[iii] Ministerio de Energía y Minas del Perú.

[iv] Ministerio de Energía y Minas del Perú.

[v] Banco Central de Reserva del Perú

[vi] Ministerio de Energía y Minas del Perú.

[vii] Banco Central de Reserva del Perú

[viii] Banco Central de Reserva del Perú.

[ix] Banco Central de Reserva del Perú.

[x] Banco Central de Reserva del Perú.

[xi] Banco Central de Reserva del Perú.

[xii] Banco Central de Reserva del Perú.

[xiii] Banco Central de Reserva del Perú.

[xiv] Banco mundial, Reseña Sobre Perú- Avances en el desarrollo.

[xv] Banco Mundial, Reseña Sobre Perú- Avances en el desarrollo.

[xvi] Banco Mundial, Reseña Sobre Perú- Avances en el desarrollo.

Otra Mirada Suramericana, Chile en recuperación

Artículo Publicado en Revista Dracma (julio 2010). Autor:  Álvaro Altamirano.

Chile es uno de los países más activos sísmicamente del planeta, con una historia de registros sismológicos importantes tales como el evento telúrico más potente en la historia de la humanidad, el terremoto de 1960, con una escala Richter de 9,5 grados. Probablemente esta tradición geológica sea parte de la respuesta, de por qué luego de soportar un destructor terremoto y maremoto el pasado 27 de febrero, Chile se encamine hacia la plena reconstrucción.

Según estimaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), entre los daños causados por el terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter y su subsecuente maremoto, encontramos: 486 muertes humanas, más de 500.000 viviendas destruidas parcial o totalmente, más de 1.200 puntos de infraestructura vial afectados, el deterioro de 3 de los mayores puertos comerciales, más de 25 hospitales con infraestructura parcialmente inhabilitada, etc.

El actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, recibió la banda presidencial apenas 12 días después del terremoto y calculó el costo total de la reconstrucción en US$30.000 millones, equivalentes al 15% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para 2010. El nuevo Gobierno sigue la línea de reconstrucción iniciada por el saliente gobierno de Michelle Bachelet.

Como parte del proceso inicial de reconstrucción, es importante resaltar la recaudación de US$90 millones a través de un tele-maratón organizado por la Fundación Teletón y el Gobierno de Chile.

Otra acción importante fue la aprobación de la Ley del Fondo Nacional de Reconstrucción[1], la cual según el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, permitirá recaudar US$300 millones en dos años. Esta Ley presenta un atractivo mecanismo de beneficios tributarios para donaciones nacionales y extranjeras que se destinen a financiar la reconstrucción y atenuar los efectos del terremoto. Dentro de estos beneficios tributarios se incluye el descuento o “rebaja como gasto de las sumas donadas de su renta líquida imponible”, o sea, la exclusión de la donación en la partida de renta imponible para el pago del Impuesto a la Renta (IR). También, para los contribuyentes extranjeros que pagan impuestos sobre distribución de dividendos o repatriación de utilidades,  se crea un crédito fiscal equivalente al 35% del monto donado.

En relación al desempleo causado por la destrucción de activos productivos, el gobierno Chileno en conjunto con la empresa privada y los trabajadores han elaborado acuerdos para reducir en lo posible los despidos. Así, en la labor de reconstrucción de viviendas, a la fecha el gobierno ha contratado a 15.000 personas, dentro de un cupo máximo de 30.000 empleos de emergencia.

Otra muestra de rápida recuperación se evidencia en el ámbito comercial, específicamente relacionada con la exportación de cobre Chileno, cuya industria se reactivo en menos de una semana de haber acontecido el terremoto, debido  al compromiso gubernamental de cumplir con sus contratos internacionales.

Por otro lado, el Presidente Piñera anunció modificaciones provisionales a los impuestos que pagan las grandes empresas, la industria del cobre, y el tabaco; con lo cual el Ministerio de Hacienda prevé recaudar US$8.431 millones en los próximos cuatro años. En el caso de la industria del cobre, se aplicará un nuevo sistema de royalty con una tasa variable de entre 3,5% y 9,0% aplicable a los márgenes operacionales de las grandes empresas del cobre, sustituyendo las tasas fijas de entre 4% y 5% sobre las utilidades operacionales del sistema anterior. Con esta modificación se recaudarían US$700 millones adicionales en el período 2010-2013.

Adicionalmente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, luego de la catástrofe creó el plan de reconstrucción “Chile Unido Reconstruye Mejor”. Este ministerio, en conjunto con organizaciones de gestión social, contempla la reconstrucción de 133.994 viviendas y la reparación de 61.956 más.

Bajo estas premisas alentadoras de capacidad de regeneración, seguramente este país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se reconstruirá plenamente pronto, ya se observa un crecimiento económico de 1,0% en el primer trimestre de 2010[2].


[1] Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), Ley 20444, (28/05/2010)

[2] Banco Central de Chile (BCCh), Cuentas Nacionales.

Una mirada hacia Suramérica, Venezuela en Estanflación

Artículo Publicado en revista dracma (julio 2010), Autor: Álvaro Altamirano.

Es importante mencionar que el siguiente artículo trata de ser una mirada objetiva a los fenómenos económicos actuales de Venezuela. En este sentido, no omito señalar que en este artículo no se toman en cuenta los avances sociales de la administración del presidente Hugo Chávez.

La cuarta economía más grande de América Latina padece del fenómeno de estanflación –alta inflación y estancamiento de la producción–, al registrar una tasa de decrecimiento económico de -3,3%[i] y la mayor inflación anual del continente, 25,1%[ii], en 2009. A este panorama, deprimido por la crisis económica mundial, se incorporan expectativas inflacionarias del orden del 30%[iii] para 2010 y 2011; y un escenario productivo desalentador, en el cual el Producto Interno Bruto (PIB) Venezolano decrecería -2,6%[iv] en 2010, y crecería apenas 0,4% en 2011[v].

Las principales causas de este proceso estanflacionario se deriva de la aplicación de políticas públicas inadecuadas, tales como: el mantenimiento en el largo plazo de un tipo de cambio fijo y sobrevalorado que desestimula el esfuerzo exportador no-petrolero al hacer más baratas las importaciones que las exportaciones; una política monetaria de tasas de interés bancarias activas y pasivas negativas en términos reales que distorsiona los incentivos para ahorrar, anima la salida de capitales y acelera la inflación.

Además, la estatalización de empresas de servicios públicos y otras empresas estratégicas ligadas al sector petrolero como Exxon Mobil, han creado un ambiente poco propicio para la inversión; mientras el control de precios para frenar la inflación y el control de cambios para evitar la fuga de capitales fuerzan a las empresas a adquirir un segmento de sus materias primas en el mercado cambiario paralelo disminuyendo así su rentabilidad.

También cabe señalar que las deficiencias en el suministro eléctrico provocadas por la peor sequía en 118 años, que ha afectado a las represas de Uribante Caparo y El Guri, han contribuido a mermar la capacidad productiva de una economía que genera el 95% de su energía mediante un sistema hidroeléctrico.

Por otro lado, estas políticas pro-estanflacionarias impactan directamente a los agentes económicos venezolanos de manera adversa.  En primer lugar, el control de precios y el control oficial de divisas han generado escasez de bienes básicos como alimentos, bienes agrícolas, bienes manufactureros, bienes intermedios y bienes de capital importados.

Asimismo, estas intervenciones no sólo han creado un mercado paralelo para la venta de bienes a precios más elevados –con el fin de evadir el control gubernamental–, impulsando así presiones inflacionarias; sino que también han incrementado los costos de producción de muchas empresas cuyas actividades dependen de materias primas importadas, reduciendo a su vez la capacidad productiva de esta economía sudamericana.

En general, la creciente dimensión y poder del estado constituyen, en el marco en un proyecto político-ideológico, perspectivas insuficientemente atractivas para la inversión extranjera directa. En este sentido, en la balanza de pagos venezolana se observan saldos negativos de inversión extranjera –fuga de capitales– desde 2008; y en el primer trimestre del año en curso ya se evidencia un saldo negativo de US$76 millones[vi] en la partida de inversión directa en el país.

La evidencia empírica venezolana muestra que una excesiva presencia del sector público menoscaba la capacidad productiva a través de menores incentivos para la inversión privada. Por consiguiente, en la coyuntura económica latinoamericana, Venezuela se perfila a la zaga, por la presencia de estanflación y de un marco regulatorio inestable que limitan la recuperación de esta economía petrolera.


[i] Banco Central de Venezuela (BCV)

[ii] Banco Central de Venezuela (BCV)

[iii] FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (Abril 2010)

[iv] FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (Abril 2010)

[v] FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (Abril 2010)

[vi] Banco Central de Venezuela (BCV)

A Propósito de la Ley de Arizona, SB 1070

A propósito de la cuasi genocida Ley de Arizona, considero muy importante apoyar a nuestros hermanos nicaragüenses y latinoamericanos; exiliados de sus patrias por lo que representa otra de las formas de exclusión del actual orden establecido. Así, esta entrada se centrará en demostrar como las Remesas Familiares representan un flujo de capital más importante que las Inversiones Extranjeras Directas (IED); tomando en cuenta que el nuevo modelo económico establecido a partir de 1990 glorificó a estas últimas como la panacea del desarrollo, mientras millones de compatriotas eran expulsados lejos de su hogar.

Para empezar, extraigo este fragmento del sociólogo Oscar René Vargas[1], “Cuatro factores explican la importancia de la trascendencia de las remesas para Nicaragua: 1) la cantidad de dinero que representa; 2) la estabilidad y el crecimiento de los flujos de capital en el tiempo; 3) su impacto directo y positivo para la equidad social, para contrarrestar las enormes disparidades de ingreso y riqueza; 4) no crean obligaciones financieras para el futuro.”

La teoría económica neoclásica afirma que la Inversión Extranjera Directa (IED) tiene el potencial de generar empleo, aumentar la productividad, transferir conocimientos especializados y tecnología; aumentar las exportaciones y contribuir al desarrollo económico a largo plazo de los países en desarrollo de todo el mundo. Sin embargo, esto es solamente cuando los flujos de inversión se ocupan para incrementar los activos productivos y generar empleos de mejor calidad; y no cuando se ocupan para comprar activos productivos ya existentes como ocurrió en Nicaragua en la década de 1990. Así, la IED debería de diferenciarse de la mera compra de capital ya existente.

Nicaragua tiene numerosas leyes de incentivos para sectores prioritarios como los son las leyes de incentives turísticos y para zonas francas (ley utilizada para Manufactura Ligera y para Call Centers). Los principales inversores en Nicaragua en los últimos años han provenido de Estados Unidos, México, España y el Salvador. En los últimos años la estrategia de atracción de IED se ha concentrado en 5 áreas: Zonas Francas, Comercio, Telecomunicaciones, Energía, y Servicios Financieros. 

Por su parte, las remesas familiares desde 1998 representan un mayor flujo de capital que las Inversiones Extranjeras Directas. En 1998 Nicaragua obtuvo oficialmente US$200 millones en concepto de remesas; y US$195 millones en concepto de IED. En 2009, el flujo de remesas fue de US768 millones (12.5% del PIB), y el flujo de IED fue de tan sólo US$434 millones (1.2% del PIB). Para ver la relación de ambos flujos de capital con el crecimiento económico de Nicaragua, a continuación se presenta una salida en sttata de las correlaciones de las tasas de crecimiento de las 3 variables mencionadas.

Como se observa, existe una mayor asociación lineal entre el crecimiento de las remesas familiares y el crecimiento de nuestra economía, al presentar ambas variables un coeficiente de correlación de 0.66; mientras el coeficiente de correlación del crecimiento del PIB y el crecimiento de las IED es solamente de 0.42. Esta relación también se evidencia, aunque de forma más tenue, en la siguiente gráfica. Esta asociación lineal se explica en gran parte por el mayor flujo de remesas provenientes de Estados Unidos, el principal destino de nuestro arrastre económico agro-exportador.

Al revelarse la vital importancia de las remesas de los nicaragüenses en el exterior, urge la necesidad de reorientar recursos y energía[2] para defender sus libertades y derechos humanos, ante una Ley tan racista y tan poco humana. Esta Ley, no sólo limitaría el flujo de capital recibido por miles de familias pobres de Nicaragua y Latinoamérica, sino que representa una nueva grieta en un imperio que se aleja cada vez más de sus días de gloria.


[1] Vargas, Oscar René, Nicaragua Sobrevive de las Remesas. El Nuevo Diario (22 de julio de 2005).

[2] En este sentido también habría que analizar la posibilidad de establecer un instituto que capacite a los receptores de remesas en cuanto a el destino final de estos flujos. Es decir, un Instituto que promueva la inversión de estos recursos, reduciendo el elevado porcentaje de estos mismos que se destina al consumo.

Organismos No Gubernamentales (ONGs), promotores del Desarrollo Económico Local?

El Desarrollo Económico Local (DEL) surge como respuesta a los procesos de globalización y a una etapa de elevados niveles de competitividad en el desarrollo del capitalismo. Este nuevo y revolucionario paradigma pregona un desarrollo endógeno, basado en una eficiente densidad institucional y en una apropiación de la visión del desarrollo por parte de los actores locales. Es decir, este paradigma explica como el desarrollo de las localidades se logra a través de la sinergia creada por la concertación social y la voluntad sus propios actores.

Uno de los problemas de las agencias de cooperación es el papel entre el humanismo total, tradicional y neutralidad política, y perseguir el objetivo del desarrollo. A partir de esto se derivan 2 corrientes que se diferencian en términos políticos.

Asistencia para el alivio: Ejercicio mecánico de los proyectos mientras las verdaderas raíces del problema continúan intactas, como la inequidad entre el acceso a recursos, tierras y  educación.

Aquellos de asistencia para el  desarrollo: que afirman que no tiene sentido que se pretenda aliviar una  situación de emergencia y se haga caso omiso a las causas que generan la situación, si no es posible resolverlos al menos darlos a conocer mediante los implicados, y por tanto se toma en cuenta la importancia de los procesos participativos para el desarrollo y el llamado empoderamiento.

En este escenario, la cooperación canalizada a través de Organismos No Gubernamentales representa una ayuda vital para el empoderamiento de los actores locales. En Nicaragua, los instrumentos jurídicos que permiten la creación y desempeño de estos organismos son por orden de importancia: Constitución Política de Nicaragua, Ley General sobre Personas  Jurídicas sin Fines de Lucro (Ley 147), Ley de Participación Ciudadana; y leyes relacionadas con el ámbito Laboral y Tributario.

En países como Nicaragua, con grave situación de pobreza y desigualdad, y además con niveles elevados de deuda pública; la cooperación externa proporciona un tipo de ayuda vital para la lucha contra la pobreza y la exclusión de la mayoría de la población. Esto se debe a que proporcionan recursos adicionales –con los cuales no cuenta el estado, ni daría el sector privado– para reducir presión sobre diversas problemáticas socio-económicas.

El registro histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) compilado en la siguientes tabla y gráfica, muestra que la cooperación de las ONGs está principalmente dirigida hacia programas sociales con un promedio de participación para el período 1990-2009 de 71.8%, lo cual se traduce en US$1,252.5 millones de un total de US$1,745.0 millones ejecutados en dicho período. Nicaragua cuenta con un registro de 668 Organismos No Gubernamentales (ONGs) provenientes de 50 países, de los cuales el 66% son de origen nicaragüense y estadounidense y nicaragüense.

La cooperación facilitada por estos organismos y registrada en el Sistema de Información de los ONGs del MINREX suma US$1,745 millones durante el período 1990-2009, destinado a 6 sectores que son los siguientes en orden de importancia:

i.El 71.8% fue destinado al sector social, o sea US$1,253 millones, que se concentra principalmente en garantizar la sobrevivencia de la población en zonas rurales del trópico seco, suministro de agua potable y saneamiento ambiental, capacitación laboral a jóvenes con discapacidad, mejoramiento de las condiciones educativas, capacitación técnica a jóvenes en desventaja social, becas y carreras técnicas para jóvenes, educación para niños pobres, fortalecimiento institucional de la universidades de la Costa Caribe, atención y prevención del VIH/SIDA en la Costa Caribe, fortalecimiento del proceso de autonomía de los habitantes de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), salud sexual y reproductiva de jóvenes y adolescentes, campaña contra la violencia sexual, atención a niños huérfanos abandonados, facilitar el acceso a los servicios de salud básica, construcción de albergues para pacientes afectados por la tuberculosis y leishmaniosis, construcción de asentamientos y rehabilitación de infraestructura a población afectada por huracanes y erupciones volcánicas, y promoción de la equidad de género.

ii. El 10.7% fue dirigido al apoyo del sector productivo, o sea US$187 millones que se orientan hacia al mejoramiento de las capacidades productivas agrarias incluyendo maquinaria y equipos, promoción de la participación de la población comunitaria para lograr una vida sostenible, el fomento de cooperativas agrarias ecológicamente rentables, capacitación de adultos en producción y comercialización, proyectos de desarrollo económico local para grupos vulnerables, elevar la competitividad y gerencia de las MYPIMES, comercialización de productos orgánicos, producción de granos básicos para fomentar la seguridad alimentaria,  manejo de los recursos naturales, concesión de crédito a familias rurales, e innovación en cadenas de valor de café.

iii. El 9.0% ha sido distribuido en el sector financiero, o sea US$156 millones que propician proyectos tales como fortalecer las capacidades de gestión local del riesgo, consolidar la economía popular asociativa y autogestionaria, comprar de terrenos y construcción de viviendas, transferencia tecnológica, desarrollo de la economía forestal, y entrega de crédito rural para actividades agrícolas y almacenamiento de granos.

iv. El 6.4% fue asignado al fortalecimiento institucional y a la gobernabilidad, o sea US$113 millones para el desarrollo de actividades de promoción de la participación ciudadana, capacitación en materia de legislación laboral y derechos ciudadanos, fortalecimiento organizativo de la negociación colectiva, y conocimiento y apropiación del Código de la Niñez y la Adolescencia.

v. El 1.7% fue canalizado a la infraestructura económica, o sea US$29 millones que apoyan la promoción de la energía solar en comunidades rurales, mejorar el servicio de agua potable y saneamiento, construcción de letrinas en comunidades afectadas por huracanes, y construcción de caminos para la producción y la comercialización.

vi. El 0.5% correspondió a varios sectores, o sea US$8 millones para el fomento de la educación primaria y la salud preventiva, el mejoramiento del nivel de vida de poblaciones indígenas, protección de los bosques tropicales y adaptación al cambio climático, y formación de brigadas de voluntarios para ejecutar proyectos de desarrollo comunitario.

A pesar que estos organismos se rigen bajo las normas de Cancilleria (MINREX), realmente no existe un mecanismo regulatorio que haya analizado a profundidad las actividades y logros de estas organizaciones en Nicaragua. Ante la falta de este tipo de evaluación, cualquier valoración tiene un alto grado subjetividad. No obstante, tomando en cuenta el pobre acervo de virtudes que caracterizan a la personalidad humana, se deducen muchos posibles aspectos negativos vinculados a este tipo de cooperación. Para ver un detalle más técnico de estos aspectos, leer: Mendoza, Rene; Kuhnekath, Klaus Ayuda externa: ¿reduce o produce pobreza? Una aproximación conceptual a los estudios de impacto.

Dentro de estos aspectos se pueden resaltar: que los trabajadores de muchas ONGs vean sus actividades sólo como una fuente de ingresos y no como actividades que empoderen a actores locales (y se mantengan las condiciones deprimidas para dar continuidad a los salarios), que los proyectos se ejecuten en la base de indicadores específicos y estrechos y no se analice a profundidad el contexto y el impacto que dicho proyecto conlleve en el largo plazo, que estos recursos se vean como una forma de reducir el pago de impuestos por parte de los fondeadores internacionales, y que los proyectos no se ejecuten en zonas verdaderamente deprimidas y lleguen a personas que los necesitan menos (esto sucede particularmente en algunas ONGs que proporcionan crédito; cuando estos créditos son dirigidos para financiar actividades personales de sus directores).

Además la mayor ejecución de proyectos de carácter nacional y departamental implica una disminución del protagonismo de los actores locales. Es decir, las alternativas, coordinación, responsabilidades y decisiones se determinan en un entorno ajeno a las condiciones, valores y visiones locales; lo cual resta efectividad a la ejecución de la cooperación. Adicionalmente, el principal problema para valorar correctamente el cambio que logran los proyectos de cooperación es que estos programas usan indicadores de efectividad para medir los cambios producidos por los proyectos, y no indicadores de impacto.

Los diversos proyectos impulsados por estas ONGs se caracterizan por la búsqueda de objetivos comunes entre ellas a pesar de las diferencias sectoriales de las mismas, pero en general carecen de eficiencia en sus unidades ejecutoras por lo que su participación en los distintos territorios no garantiza resultados a largo plazo. Aunque muchos programas producen cambios benéficos en el corto plazo, en lo referente a las metas de largo plazo, no se observan cambios sostenibles generados por la intervención, que incluyen no sólo los planeados y deseados, sino los no intentados y los inesperados.

Aunque el impacto de la ayuda es generalmente positivo en el corto plazo, en realidad no termina por resolver los problemas fundamentales que limitan el pleno desarrollo humano, principalmente porque el empoderamiento de los actores locales es limitado. La participación por parte de los afectados no debe limitarse a comunicar sus problemas sino también a plantear alternativas propias para solucionarlos. Lo que existe en muchas zonas, principalmente rurales, es una ayuda asistencialista y no una cooperación que implique obrar conjuntamente: actores comunitarios, gobiernos, organismos de cooperación; una sinergia de abajo hacia arriba y no al contrario como tradicionalmente se ha trabajado, de forma centralizada.

Como se ha enfatizado anteriormente, a pesar de que estos programas proporcionan cierto nivel de alivio de los problemas, estas no tienen un impacto verdaderamente observable debido a que crean cierto nivel de dependencia y proporcionan un nivel de bienestar a corto plazo mientras la ayuda permanezca en el territorio. La cooperación hacia el sector social para incidir verdaderamente en el desarrollo, no solamente debe aliviar una situación de emergencia sino que tiene que solucionar las causas –raíces– que generan esta situación.

Finalmente, no sólo se deben de modificar los sectores prioritarios de esta cooperación, para dirigir más recursos a espacios estructurales como el productivo y el de infraestructura económica, y así reducir la dependencia de esta ayuda en el largo plazo; sino que se debe de crear una institución especializada que regule de una forma adecuada las actividades de estos valiosos organismos. Más que un mecanismo de regulación, esta institución debe de ser un observatorio sectorial que valore los resultados obtenidos y retroalimente la ejecución de proyectos. Todo esto con el fin de mejorar el impacto que esta cooperación tiene sobre el bienestar de los nicaragüenses más empobrecidos.

LA INFLACIÓN IMPORTADA

Indiscutiblemente el crecimiento de la economía nicaragüense reside en el esfuerzo exportador, como desde un principio fue diseñado nuestro actual modelo económico. Por lo tanto, existe un consenso acerca de que el pobre desempeño de nuestro pib exportador es la principal causa de nuestro pobre dinamismo económico.  Es decir, el crecimiento de nuestra producción exportable no ha podido equipararse al crecimiento de nuestro consumo importado, debilitando peligrosamente nuestro mercado de consumo interno. Para una corta lectura actual de este tema, y de su importancia, ver: http://www.facebook.com/home.php?#!/notes/adolfo-jose-acevedo-vogl/te-interesa-la-juventud-pero-no-te-interesa-la-economia/142844332397827

No obstante, el propósito de esta entrada es describir aun otro problema derivado de nuestro sesgo pro-importador, la inflación importada. Este tema es también de vital importancia en nuestra coyuntura socio-económica, al ser Nicaragua una economía “pequeña y abierta”[1] debilitada constantemente por shocks externos que deterioran el poder adquisitivo de los nicaragüenses más pobres. La inflación importada no es nada más que una causa de inestabilidad financiera provocada por el alza en los precios de nuestras importaciones. Esta inflación esta mayormente influenciada por el porcentaje de bienes y servicios que importamos de cada uno de nuestros socios comerciales, la inflación interna de cada uno de estos países, y los cambios en los tipos de cambio de cada uno de estos países en relación con una divisa internacional (US$).

Este tipo de inflación no puede ser contenida por nuestra autoridad monetaria a través de Operaciones de Mercado Abierto (OMAs) o a través de cualquier restricción del Medio Circulante. La inflación importada esta estimulada por un régimen cambiario obsoleto en el largo plazo que promueve el consumo de bienes y servicios importados; creando en el largo plazo una brecha comercial recurrentemente negativa.

A continuación se realizará la aproximación de un cálculo sencillo de la inflación importada de Nicaragua en el año 2008. Se escoge este año porque además de ser un año pre-crisis, fue un año de alta inflación (13.8%). Cabe señalar que la información sobre las importaciones presentada por el Banco Central de Nicaragua (BCN) es limitada, ya que en algunos casos presenta datos agregados de sus socios comerciales. En este sentido se debe de tomar en cuenta que para estimar la inflación importada de Asia sólo se tomaron en cuenta la inflación y el tipo de cambio de nuestros dos principales socios comerciales de dicha región, como lo son Taiwán y Japón. Además, en el año 2008 aproximadamente ¾ partes de las importaciones provenientes del Resto de America Latina y el Caribe corresponden a petróleo, combustibles y lubricantes importados de Venezuela, por lo que se usaron solamente datos de Venezuela y de Brasil en el cálculo.

El cálculo se presenta en la siguiente tabla:

Como se puede observar en este cálculo aproximado, la inflación importada en 2008 fue de 12.1%; y las importaciones que más contribuyeron a esta inflación fueron las provenientes de Venezuela, Taiwán, Japón y Costa Rica. Para saber qué tanto de esta inflación importada explicó la inflación total de 13.8% multiplicamos la inflación importada por el cociente M/PIB. En este caso dicho cociente es 0.836, o sea que las importaciones representaron el 83.6% del PIB en el año seleccionado. Así, obtenemos que la inflación importada participó con el 75% de la inflación total. Es decir, del alza general de precios de 13.8% que experimentamos en 2008, aproximadamente un 10.1% se debió a inflación importada!

Por consiguiente, la evidencia muestra que nuestra dependencia energética del petróleo  es la principal causa de la inestabilidad financiera transmitida a través de la inflación importada. En 2008 nuestra factura petrolera fue de US$1,000 millones, lo que representó el 16.0% del PIB nominal en ese año. Mientras generemos un 70% de la energía que consumimos a través de motores de bunker seguiremos peligrosamente vulnerables ante los precios internacionales del petróleo y sus derivados. El camino hacia una menor dependencia de los hidrocarburos requerirá de fuertes inversiones –algunas de las cuales ya se han iniciado, como cuantiosas inversiones en energía hidroeléctrica y eólica- pero también dependerá del ahorro que cada uno de nosotros logre concretar en su diario vivir. El consumismo energético y su presente crisis son parte del consumismo global que adormece a la conciencia humana y la aleja de su carácter espiritual.


[1] Representa tan sólo el 5% del PIB de Centroamérica y denota un Coeficiente de Apertura Comercial de 83% en 2009.

Venezuela, nuestro tercer destino comercial

A raíz del paralelo ideológico de ambos gobiernos y de sus excelentes relaciones diplomáticas, el comercio entre Nicaragua y Venezuela ha crecido enormemente, hasta representar nuestro tercer destino comercial, precedido por Centroamérica (2do) y Estados Unidos (1er). La diversificación de mercados de exportación es una buena noticia para la industria de agro-exportación nicaragüense, y en este sentido se debe de estimular y resaltar cualquier esfuerzo en esta dirección.

Nuestras exportaciones hacia la quinta economía más grande de America Latina se han elevado desde los US$2 millones a fines de 2006 hasta US$127 millones en el primer semestre de 2010. Así, en el período 2006-2010, las exportaciones hacia Venezuela han observado una tasa de crecimiento promedio anual de 182%. En 2009, Venezuela ya participaba con el 10% de nuestro mercado de exportación, apenas 2 puntos porcentuales por debajo de la Unión Europea (UE). Actualmente, el mercado venezolano ya desplazo a la UE como nuestro tercer destino comercial, destinándose alrededor del 13% de nuestras exportaciones para dicho mercado.

En el año 2009, el saldo negativo de nuestra balanza comercial con Venezuela fue de US$441.6 millones. Al mes de abril del presente año, nuestra balanza comercial con Venezuela es deficitaria en US$25.4 millones, principalmente por la importación de US$151.8 millones en concepto de petróleo, combustible y derivados.

En orden de importancia, los principales productos exportados hacia Venezuela son: Carne Bovina, Frijol, Azúcar, Leche, Ganado en pie, Café, Equipo de transporte, y Heno. Al mes de junio se han exportado  US$35 millones en la partida de carne bovina (51% de las exportaciones totales), lo que es una buena noticia para una actividad tan significativa en nuestra economía. A continuación se presenta un breve resumen de la importancia de la exportación de carne bovina, y su incursión en el mercado venezolano.

Exportación de Carne Bovina

Como los muestra la siguiente tabla, Nicaragua es el principal productor de carne bovina a nivel regional. Según el Banco Central de Nicaragua (BCN), el sector pecuario tiene una ponderación de 7.7% en el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE). Tomando en cuenta que el IMAE tiene una cobertura de 75% del Producto Interno Bruto (PIB); el sector pecuario, representado por la matanza de ganada vacuno y por la exportación de ganado en pie, cubren alrededor de 5.77% del PIB. Reconociendo el dinamismo de esta actividad en nuestra estructura económica, es importante conocer la reciente evolución de nuestras exportaciones de carne bovina hacia el mercado venezolano.

1 Nicaragua 90
2 Costa Rica 83
3 Panamá 68
4 Honduras 64
5 El Salvador 24
6 Belice 1.8
7 Guatemala n.d.
Miles de Toneladas Métricas, 2007
Fuente: FAO-STAT, Food and Agricultural commodities production

Nicaragua ha logrado acceder a un nuevo mercado para la exportación de carne bovina, representado por Venezuela. En Septiembre 2009 se concretó la primera orden de compra de 12,000 TM de carne. La segunda orden, de 18,000 TM se empezó a exportar a partir de octubre. La Cámara Nicaragüense de Plantas Exportadoras de Carne Bovina (Canicarne) estima que en 2009 el 70% de las exportaciones de este rubro se destinen al mercado venezolano.

Rafael Paniagua, Presidente de ALBANISA, afirmó en octubre del año pasado, ante medios de comunicación, que en los próximos años Venezuela construirá en nuestro país dos mataderos que procesarán carne de cerdo y carne bovina. Asimismo,  Solón Guerrero, Presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Fagonic), indicó ante medios de prensa que en los próximos años la carne bovina de Nicaragua tendrá acceso a los mercados de Líbano, Siria y Jordania.

Globalización y Desigualdad

Recordando el Decálogo de Washington en Nicaragua

Debido a las características propias de la evolución capitalista, y a partir del fracaso de modelos de desarrollo endógeno, los países latinoamericanos fueron lanzados forzadamente hacia la competencia internacional. Es importante aclarar que este cambio de modelo se acopló a los lineamientos definidos por el “Consenso de Washington”. Los procesos de globalización y de apertura comercial condicionados por los organismos multilaterales a partir de la década de 1990 han socavado las bases para lograr una sociedad más justa debido a que estos mismos limitaron el gasto en capital humano (salud, educación), crearon segmentos productivos de competencia imperfecta a partir de las privatizaciones, y precarizaron el mercado laboral bajo la noción de la competitividad entendida como salarios de subsistencia. Los primeros programas de estabilidad macroeconómica y ajuste estructural que nuestro país acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la década de 1990 sentaron las bases para el abandono casi total a perspectivas de desarrollo futuro para nuestra población, implementándose por más de 18 años medidas fiscales restrictivas que han minado el crecimiento y el fortalecimiento de nuestro capital humano.

En general se puede decir que los programas de estabilización económica y ajuste estructural del FMI fueron un campo de guerra para los sectores más vulnerables de la sociedad nicaragüense. Así lo visualiza el economista Néstor Avendaño: “El primer programa “Servicio Reforzado de Ajuste Estructural 1994-1996” (SRAE 1 o ESAF 1) no contempló medidas efectivas para paliar el alto costo social del ajuste económico y de las reformas estructurales impuestas por el FMI ya que detrás del ESAF 1 venían los tanques de guerra, al no haber ninguna acción que aliviara la situación de los pobres ante los efectos del ajuste económico y el desalojo del Estado del mercado, detrás del “Programa Servicio Reforzado de Ajuste Estructural 1998-2001” (SRAE 2 o ESAF 2), venían las ambulancias, con los ensayos de redes de protección a la población vulnerable, mejor dicho a la población pobre, que en 1998 constituía el 47.9 por ciento de la población total del país, así mismo detrás del Programa “Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza 2002-2005” (SCLP 1 o PRGF 1) venia la infantería, o sea los pequeños grupos económicos que han concentrado el ingreso nacional y han transformado a Nicaragua en uno de los países latinoamericanos con mayor inequidad en la distribución del ingreso.”[i]

El índice de Gini (que mide la distribución de la riqueza en un país) calculado para Nicaragua en 2008 por el FMI es de 55.5%; lo cual indica que aproximadamente el 20% de la población más rica obtiene el 55.5% de la riqueza generada por el país.

La ideología que estaba detrás de estos planes globalizadores, afirmaba que el crecimiento económico obtenido a través del estimulo agroexportador aliviaría las condiciones de pobreza y desigualdad en la medida en que este crecimiento se “derramara” sobre los segmentos más pobres de la población. Sin embargo, la realidad muestra que el crecimiento obtenido a partir de la apertura comercial, ni fue suficiente para aliviar las condiciones de pobreza, ni permitió el “derramamiento” de la riqueza; al  ser concentrada esta última por los grandes conglomerados agro-exportadores y por las transnacionales beneficiadas por las privatizaciones. La tasa de crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto real (PIB), para el período (1995-2009), es un anémico 3.7%.

Según el Banco Central de Nicaragua (BCN), durante el período 1990-1997, aproximadamente el 50% del gasto gubernamental se destinó al pago de la deuda externa, limitando así los recursos destinados para la inversión pública en salud y educación. La educación no solamente es fuente de riqueza en términos de mayor crecimiento, sino también riqueza en forma de equidad social. Esto es así porque el desarrollo de los niveles educativos promueve las capacidades y fortalece la habilidad con la cual los individuos aprenden a través de la experiencia. Además, se reconoce mundialmente que la desigual oportunidad en el mejoramiento del capital humano es el factor más importante de la desigualdad en la distribución del ingreso. Por consiguiente, es claro notar cómo las diferencias en educación crean profundas brechas en los ingresos del trabajo. Estas diferencias en el nivel educativo crean un ciclo-vicioso en el desarrollo del capital humano y en los niveles de distribución de la sociedad. Esto preocupa porque desde nuestra apertura comercial en la década de 1990 hemos firmado tratados comerciales con países que tienen promedios de escolaridad de 8 a 12 años –mientras nosotros apenas tenemos una escolaridad promedio de 5 años, según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE)–.

Dentro del afán de quitarle recursos al estado (suponiéndolo un mal necesario) para transferirlos al sector privado, se dieron circunstancias que afectaron negativamente a los sectores sociales más desprotegidos; circunstancias derivadas de la penetración de grandes conglomerados transnacionales en la economía local. Así, el proceso de disminución del aparato estatal, acompañado por planes de conversión laboral “voluntaria” y por privatizaciones; significó un elevado costo social, porque se incremento drásticamente el número de personas desempleadas y profundizó aún más la informalidad del empleo e incrementó la sub-utilización  de la fuerza de trabajo. Según el INIDE, el 63% del mercado laboral es informal. El peor efecto, y el más grave, fue la recesión profundizada de las pequeñas y medianas industrias. La apertura al exterior debilitó aun más a una industria nacional ya débil, beneficiando casi únicamente a las grandes empresas agro-exportadoras. El nuevo modelo encausado en la globalización, creó una base para atraer inversiones extranjeras, desplazando y fallando en reactivar a la industria nacional.

Además, las privatizaciones, aparte de realizarse bajo lineamientos de corrupción y de lucro personal de muchos políticos, crearon mercados imperfectos porque el gobierno concedió privilegios monopólicos a muchas empresas transnacionales que compraron a empresas nacionales ya existentes; tal es el caso del monopolio de la distribución y comercialización de energía eléctrica y del monopolio de las telecomunicaciones. Mas aún, muchas de las empresas privatizadas, eran empresas estatales rentables, que prestaban servicios estratégicos para el desarrollo de la sociedad en general, y que se vendieron a precios irrisorios al capital extranjero.

Otra amenaza importante de la globalización del capital transnacional, está representada por la lucha de la economía campesina con la agroindustria de los grandes capitales. Ante la penetración local de grandes monopolios de la comercialización de alimentos, y sin contar con una presencia estatal en este segmento, las pequeñas economías campesinas ceden sus márgenes de ganancias ante el enfoque de compra de pre-cosecha dirigido por estos conglomerados; y más importante aún, limitan sus posibilidades de desarrollar una competitiva agroindustria nacional debido a falta de financiamiento y bajos niveles tecnológicos.

Finalmente, y como eje importante para la mejoría de la equidad, se encuentra el tema de la redistribución del ingreso a través de impuestos. Nicaragua, a pesar de ser un país con altos niveles de desigualdad, presenta una Carga Tributaria de apenas 18% del PIB. Poseer una recaudación tributaria tan débil condiciona el gasto social que reduce los niveles de desigualdad.

El poco éxito que se ha tenido para lograr recaudaciones que permitan aumentar el gasto social, se debe a la erosión de la base tributaria derivada del enfoque de exoneraciones y exenciones para la atracción de inversión extranjera. Es importante observar, que aún con las reformas a la Ley de Equidad Fiscal vigentes a partir del 1° de enero de 2010, el sistema de exenciones y exoneraciones sigue vigente. El modelo implementado bajo la globalización, el de atraer divisas de  inversiones extranjeras y de la gran agro exportación, no ayudó a reducir la regresividad del sistema tributario nicaragüense, porque no permitió que se incrementara la tributación directa (Impuesto sobre la Renta), para así poder reducir la tributación indirecta (Impuesto sobre el Valor Agregado, Impuesto Selectivo al Consumo). Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), en el año 2009, el 64% de los ingresos tributarios se recaudó a través de impuestos indirectos, los cuales son netamente regresivos. Así, la mayor ponderación que ha tenido el sector privado bajo el marco general de la globalización y la apertura comercial ha impedido reducir los niveles de desigualdad a través de la construcción de un sistema tributario progresivo, como lo explica claramente el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), “La oposición fuerte y concentrada de ciertas élites económicas no permitió que se desarrollara un sistema fiscal más completo y adecuado. Estas élites han invertido en sectores privilegiados que no pagan impuestos y, por consiguiente, se oponen a que se fortalezca la tributación, a pesar de que estos sectores son los más dinámicos de la economía.”[ii]

Dentro de la óptica globalizadora del “estado mínimo”, no se pueden lograr mejoras en la equidad y justicia social. El estado debe de jugar un rol muy importante en la búsqueda de una mejor equidad social, a través del gasto social y mecanismos de redistribución del ingreso, aún cuando esto perjudique los privilegios históricos de grandes conglomerados. Esperemos que el actual gobierno –GRUN–, no se conforme con ser solamente un buen alumno del FMI, y promueva un verdadero cambio, hacia un sistema más equitativo.


[i] Avendaño, Néstor, El riesgo social de Nicaragua. Políticas Sociales y la Cumbre del Milenio (Marzo 2007)

[ii] Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), La política fiscal en la encrucijada, El Caso de América Central (2007)

Algunas Observaciones al Sistema Bancario en Nicaragua

En la actualidad la Banca nicaragüense representa un mercado oligopólico constituido por 7 bancos privados regulados por la Superintendencia de Bancos y de otras instituciones Financieras (SIBOIF): BANPRO, BANCENTRO, BAC, BDF, CITIBANK, PROCREDIT,  y BANEX. Estos bancos generan 7,685 puestos de trabajos directos en 328 sucursales,  con 152 en Managua y 176 en los departamentos. La distribución regional del crédito muestra que a marzo 2010 el 72% ha sido otorgado en Managua; 6.4% en la Región Occidental; el 7.5% en la Región Norte; el 6.1% en la Región Sur; el 3.0% en Las Segovias; el 2.5% en la Región Central;  el 2.1% en el Atlántico; y el 0.6% en Río San Juan.

Nicaragua tiene 17 bancos menos que el promedio centroamericano de 24 bancos por país. Además, a marzo de 2010, la banca nicaragüense posee el menor monto de activos de la región, con apenas US$3,983 millones. La débil magnitud de los intermediarios financieros de Nicaragua refleja la pobre capacidad productiva de su economía, la cual representa solamente el 5% de la producción centroamericana.

Existe un consenso generalizado sobre la importancia del crédito para financiar actividades productivas que promuevan el desarrollo económico. Es decir, la intermediación financiera traslada los recursos financieros ociosos (depósitos) hacia actividades que necesiten de estos recursos para empezar sus operaciones (crédito) y así generar crecimiento económico y empleos. En Nicaragua, el sistema bancario no apuesta por el desarrollo productivo debido a que destina la mayor proporción de los recursos financieros hacia actividades de más corto plazo como el comercio y el consumo personal.

La concentración de la cartera de crédito demuestra la falta de compromiso de las instituciones financieras reguladas con el desarrollo del país. Esta falta de compromiso tiene también estrecha relación con la disponibilidad de recursos del sector público para financiar el déficit del gobierno central, especialmente en referencia a la emisión de títulos valores del sector público. Esta demanda de recursos financieros por parte del Gobierno Central se ilustra en la siguiente gráfica que muestra la baja del rendimiento de las letras estandarizadas del Banco Central de Nicaragua en agosto 2009, cuando el FMI entregó US$164.4 millones por orden del G-20. Consecuentemente, esta competencia por recursos financieros eleva las tasas de interés de los préstamos al sector privado cuando el gobierno central necesita financiar su déficit (siempre!), y reduce la disponibilidad y acceso de estos recursos para ser destinados a actividades productivas. Además, a marzo 2010 el 76.7% de las inversiones de los 7 bancos privados descansaban en títulos valores del tesoro público.

Finalmente, es muy importante reducir el vínculo financiero de la SIBOIF con los bancos privados. En los informe que la SIBOIF publica en su página web, www.siboif.gob.ni, los estados financiero no están auditados, y son elaborados por las instituciones financieras y entregados a la SIBOIF. La Ley de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, Ley No.316, indica que la SIBOIF “ejercerá en forma consolidada  la supervisión,  vigilancia, y fiscalización de los grupos financieros”. Sin embargo, existe lugar para la duda acerca de la correcta aplicación de la Ley cuando la SIBOIF financia sus operaciones con fondos provenientes de los intermediarios financieros, y cuando presenta al público reportes financieros que le son entregados por dichos intermediarios. Ante la falta de competencia, el mercado de intermediación financiera necesita ser regulado para que su actividad favorezca y se encause en el compromiso del desarrollo productivo del país.

Lo Impensable en Búsqueda de lo Comestible

El presente escrito es una síntesis comentada del artículo, The unthinkable in pursuit of the eatable, cuyo autor es el economista Británico Raj Patel. Este artículo se encuentra en la Biblioteca Virtual de este blog. Raj Patel es un economista, escritor y activista graduado de Oxford, London School of Economics y Cornell University. Él ha trabajado en el Banco Mundial y en la Organización Mundial del Comercio (OMC), y ha protestado en contra de estas organizaciones  alrededor del mundo. El principal tema abordado en la mayoría de sus escritos es el problema mundial del hambre.

En Lo Impensable en la Búsqueda de lo Comestible, Raj Patel argumenta que en demanda de la creación de empleos rurales bien pagados, los movimientos alrededor del mundo están presentando nuevas políticas desafiantes, las cuales son prevenidas por la actual constitución internacional del poder. Él advierte que a menos que este “orden constitucional” cambie, muchos perderemos no sólo nuestras formas de pensar, sino nuestras formas de comer, y algunos perderemos nuestras propias vidas.

El artículo empieza alarmando sobre el rápido y sostenido ascenso del precio mundial de los alimentos durante los últimos 5 años, y argumenta que la hegemonía del liberalismo neoclásico (neoliberalismo) revive ciertas explicaciones y suaviza otras, en un intento de hacer creíbles a unas soluciones y no creíbles a aquellas que no son de su interés. En general, el autor afirma que el dolor producido por el alza de los precios de los alimentos ha sido elaborado por décadas, de una forma deliberada, cruel y no natural. Patel basa su argumento en cinco temas centrales en el debate de las razones y las soluciones del alza de los alimentos; bio-combustibles, combustibles fósiles, el consumo de carne animal, el cambio climático, y la especulación.

Bio-combustibles

Según un reporte del Banco Mundial (Mitchell, 2008), los combustibles agrícolas son responsables de hasta el 75% del incremento mundial del precio de los alimentos, mientras otros reportes más conservadores estiman este dato en 30% (Rosegrant, 2008). Patel arroja estos recientes estudios para demostrar que la pasada euforia por los bio-combustibles como solución al calentamiento global y como medida para depender menos del petróleo estaba mal fundada. Los bio-combustibles no reducen la emisión de CO2 debido a que producen una deuda de carbono (Fargione et al.,2008), y tampoco representan una forma sostenible –a pesar de que son renovables– de energía porque se requiere de más energía para producirlos de la energía que liberan (Holt-Giménez y Kenfield, 2008). Sin embargo, el principal problema de los bio-combustibles está reflejado en la sustitución de productos que hacen los agricultores al recibir mayores subsidios para producirlos. Es decir, además de que se destina la producción de maíz para consumo de máquinas en vez de consumo humano, los subsidios hacen más rentable la producción de maíz que la producción de otros granos básicos destinados para la alimentación. Patel pone de ejemplo las huelgas de la tortilla en México durante febrero de 2007.

Combustibles Fósiles

Una de las razones más usadas por la hegemonía neoliberal para explicar el incremento de los precios de los alimentos es el incremento del precio del petróleo. Así, se dice que si el precio de los combustibles fósiles incrementa, el incremento derivado del precio del transporte elevará el precio de los alimentos. Sin embargo, Patel aclara que a través de un estudio (Miranowski, 2004) se ha comprobado que en Estados Unidos los costos de transporte representan menos de un tercio de los costos de producción en la agricultura industrial. Así, el autor explica que la principal ruta a través de la cual se transfiere el precio del petróleo en el precio de los alimentos está representada por la aplicación de químicos inorgánicos en la agricultura. En este sentido, Patel afirma que el origen de esta intensidad en el uso de químicos inorgánicos en la agricultura es herencia de la “Revolución Verde”, la cual fue una campaña político-ideológica para incrementar la producción y prevenir insurrecciones comunistas en los países en desarrollo del “Sur Global”. Es decir, la hegemonía prefirió introducir una tecnología tan dañina como es el uso de químicos inorgánicos, obviando la necesidad de cambios sociales que producirían incrementos similares en la producción (como reformas agrarias). Consecuentemente, la “alquimia” de la Revolución Verde yace en transformar los resultados agrícolas y mantener al mismo tiempo intactas la distribución de la tierra y las relaciones sociales semi-feudales en los países subdesarrollados.

La Ingesta de Carne

La tercera explicación del incremento del precio de los alimentos está relacionada con el consumo de carne animal. Patel empieza esta sección con una declaración del ex Presidente George Bush hijo, en la cual este último afirma que el incremento de los precios de los alimentos se debe a la mayor demanda de “mejor nutrición” y “mejor comida” por parte de las clases medias de China e India. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que China ha sido exportador neto de carne desde 2001, y en la India el consumo de carne bovina no ha incrementado en los últimos años. Además, según Patel las afirmaciones de Bush conllevan a un análisis más relevante; porque según el estudio de (Monbiot, 2008) la mayor demanda de carne hace que 760 millones de toneladas de cereales –suficiente para cubrir 14 veces la escasez de alimento mundial– sean utilizadas para alimentar animales en vez de gente. Este asunto está a la vez relacionado con la “transición nutricional”, la cual denota el cambio que hacen los ciudadanos de los países en desarrollo de una dieta rica en frutas y vegetales producidos localmente hacia una dieta de comida procesada y carne. Según el autor, esta transición es impulsada por el crecimiento económico, y “así como esperan [los ciudadanos clase media de los países subdesarrollados] manejar autos en la forma en que los europeos y los norteamericanos, también esperan tener una dieta similar a estos”. Más aún, lo anterior preocupa no sólo porque esta transición eleva el precio de los granos básicos que consume la población pobre del mundo, sino porque la hegemonía cultural de los países del norte está deteriorando nuestra dieta debido a que promueve el consumo de alimentos nocivos para la salud, ricos en sales, grasas y azúcares. Así, es fácil demostrar que esta transición es una construcción social y política que aleja cada vez más a los ciudadanos de los países más pobres de la seguridad y soberanía alimentaria.

Cambio Climático

La cuarta razón dada para los altos precios de los alimentos es la menor producción derivada de factores negativos relacionados al cambio climático. En este sentido, Patel critica el hecho de que algunos influyentes pensadores de la ortodoxia actual describan este fenómeno como un acto de Dios, tratando de ocultar que la forma de vida del hombre contemporáneo es la responsable de estos cambios adversos. Patel también afirma que para reducir los mayores efectos negativos del cambio climático es necesario cambiar las formas en las cuales la comida es producida y consumida. Es decir, alejarse de la dependencia agrícola de los químicos inorgánicos y reducir el uso de ganado, debido a que la agricultura y la ganadería son responsables por mayor emisión de CO2 que el transporte. Así, la solución parte de una nueva agricultura orgánica alejada del monocultivo, y de una transición nutricional más amigable con el medio ambiente.

Especulación

Debido a la ponderación de los factores anteriores, existe mucho lugar para la especulación del precio futuro de los alimentos, y personas que se lucran de esta especulación; porque en condiciones de riesgo el mercado está preparado para pagar por certeza. Así, en estas condiciones hay dinero tanto para asegurarse en caso de desastre como para especular sobre el desastre. Por consiguiente, debido a la incertidumbre generada en los mercados de alimentos, los ricos elevan el precio futuro de los alimentos por encima del poder adquisitivo de los pobres. Para Patel, la especulación yace en el límite legal de prácticas habituales de grandes corporaciones en temporadas inflacionarias, cuando estas tienen los medios, la oportunidad y el motivo para elevar los precios más allá de la inflación, con el fin de elevar las ganancias. Al respecto, la solución que promulga Patel es la aplicación de las leyes existentes para regular dichas especulaciones, o sea, la voluntad política para regular la grosera especulación en los precios de los alimentos.

Finalmente, Patel hace una reflexión de género al enfatizar que las mujeres son las más afectadas por estos incrementos en el precio de los alimentos a nivel mundial. El autor hace un llamado al cambio del orden preestablecido por la constitución mundial del poder (la hegemonía). Estoy de acuerdo con los argumentos de Raj Patel en relación a la necesidad de grandes cambios con el propósito de satisfacer las demandas de miles de millones de hambrientos. Cabe recordar un reciente informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), donde se advierte que en América Latina el problema del hambre que afecta a 53 millones de personas no se debe a la escasez de alimentos, sino a la falta de acceso a ellos en amplios sectores de la población, ya que “en conjunto la región produce más alimentos de los que necesita”.